Voice of Revolution

Ley Arizona SB 1070

Intensificar la lucha contra la criminalización y enfoque racista contra los inmigrantes
por parte del gobierno federal

El 29 de Julio en Phoenix y en otras muchas ciudades, incluyendo la ciudad de Nueva York, Boston y Chicago, el pueblo se manifestó contra los ataques del gobierno en detrimento de los derechos de los trabajadores e inmigrantes.

Ese día fue el primero en que se implementó la ley de perfiles racistas SB 1070. Las numerosas acciones y los letreros y mantas dejaron claro que la gente va a continuar su lucha por sus derechos y las disposiciones de la juez federal Susan Bolton el 28 de julio, tocante a la SB 1070, no va a cambiar esa situación.

Son muchos quienes se han dado cuenta que el Presidente Barack Obama no ha cumplido las principales demandas como el fin de las redadas, alto a las deportaciones, a los perfiles racistas del gobierno contra inmigrantes, y trabajadores. El gobierno federal, en vez de resolver esas cuestiones, argumenta en la corte que Arizona no tiene autoridad para imponer tales políticas ¡ Solo las tiene el gobierno federal!

El fracaso del gobierno federal para resolver la problemática que surge a raíz del SB 1070 también se nota en el hecho de que al mismo tiempo que argumenta que el SB 1070 esta “criminalizando la presencia de extranjeros fuera de la ley” ha continuado expandiendo sus odiados programas como “Comunidades seguras” y “287g,” que están criminalizando inmigrantes en una escala mucho más amplia.

Son esos programas federales los que inspiraron y le dieron el modelo a la SB 1070 de Arizona y que criminalizan a los inmigrantes en una escala mas amplia. Son esos programas federales los que involucran a las policías locales y estatales en la aplicación de la ley de migración. La juez lo dijo, al declarar la prescripción contra algunas partes de la SB 1070 “Porque la facultad del gobierno federal para aplicar sus políticas y alcanzar sus objetivos, sería minado por la implementación de la ley que corresponde a la ley federal e interferiría con ella, la Corte vendría a concluir que los estatutos estatales tienen en el fondo los mismos objetivos de las leyes federales”

Dada la realidad que prevalece. El blanco principal de la protesta es el gobierno federal, pues las deportaciones continúan a ritmos sin precedentes, se expanden programas que perfilan racialmente como el “287g” y las “Comunidades Seguras” y también se agregan planes para exigir las identificaciones biométricas a todos los trabajadores, los manifestantes en EEUU, en México y otros lugares son firmes en su posición de redoblar la lucha por los derechos humanos y de los migrantes.

El gobierno federal emprendió el pleito contra Arizona en parte para aparecer que se opone al perfil racista más ostensible que contiene la ley. Sin embargo, los argumentos introducidos en la corte no es enfocan sobre el perfil racista o el proceso justo. Como lo asentó la juez, “El argumento principal es que en los Estados Unidos el poder para regular la inmigración se asume exclusivamente por el gobierno federal y que las disposiciones de la ley federal tienen derecho preferente sobre la SB 1070.

Es un hecho que la cuestión de la inmigración es materia federal. Arizona no argumentó otra cosa. Lo que han dejado claro es que la ley se basa en la ley federal, lo que definitivamente es cierto. Tal como el juez lo indicó en su declaración, los estatutos de los estados tienen “substancialmente” las mismas metas. Y sus disposiciones se refieren a la similitud entre el SB 1070 y las leyes federales.

La juez prescribió temporalmente algunas porciones de la SB 1070, tal como los arrestos basados en la “sospecha razonable de ser indocumentado” y la cláusula para que “muestren sus papeles. Eso es lo mínimo que se podía pedir pero esta muy lejos de lo que se requiere para enfrentar los problemas que surgen de la SB 1070 y de las políticas federales de inmigración.

Las condiciones están trayendo a colación que ambas partes están mal, tanto los gobiernos federales como los estatales, defienden y actúan para perpetuar los crímenes de perfilar por el aspecto racial a las personas, el castigo colectivo y los ataques en contra de los inmigrantes, los trabajadores y los derechos humanos. El gobierno federal se rehúsa a poner fin a programas como los de “Comunidades Seguras”, CAP y programas similares para terminar con las redadas y las deportaciones, esto es evidente. El presidente Obama pudiera tomar estas acciones que serian mucho mas efectivas para enfrentar los problemas actuales.

El gobierno federal es quien tiene la responsabilidad del control de la inmigración, y lo que está haciendo es perpetuar y expandir sus programas de perfiles racistas y el terrorismo de la migra (ICE) contra la gente, al mismo tiempo trata de mostrarse preocupado acerca de los inmigrantes. Esta pugnando para hacer que los estados apliquen la criminalización y el enfoque de perfiles racistas hacia los inmigrantes usando los programas federales “Comunidades Seguras” y el “287g” aún cuando las autoridades locales y estatales se opongan a tales acciones.

El gobierno federal es más culpable que el de Arizona, porque esta cometiendo esos crímenes a nivel nacional y abdicando de su responsabilidad social de resolver esos problemas. Entonces, su énfasis en la autoridad federal, tiene más que ver en mostrar a Arizona y a todos los estados y sus fuerzas policíacas que deben obedecer al gobierno federal y hacer lo que les impone. ´

Mas aun cuando lo que esta hacienda el gobierno federal es promover que sea obligatorio a nivel federal el requisito de contar con identificación biométrica para todos los trabajadores, y el aplicar la “tolerancia cero” para cualquier persona que no cargue con sus documentos, y el tener “unidades auxiliares” y la Guardia Nacional en la frontera para reforzar su mandato, todo esto será considerado legítimo solo porque es el gobierno federal el que lo está haciendo, no Arizona.

Los planes para imponer la esencia del SB 1070 en todo el país y para todos los trabajadores se están extendiendo, como sucede con el plan migratorio del senador de Nueva York Chuck Schumer, respaldado de lleno por Barack Obama. Y las últimas noticias indican que Obama va a impulsar partes de éste plan, usando su autoridad ejecutiva, no la legislación. El pleito legal contra la ley de Arizona, sirve para distraer y ocultar que el gobierno federal va en la misma dirección y los crímenes que está cometiendo y hace aparecer que el gobierno federal va a defender mínimamente los derechos civiles mientras que en la realidad sigue el camino del fascismo y la guerra y las medidas necesarias para implementarlos. Lo que incluye la unificación de las fuerzas policíacas a nivel nacional, bajo el mando federal, así como fortalecer la autoridad ejecutiva y federal.

Tanto las autoridades federales como las locales se enfrentan con condiciones en las que cada vez mas se demanda como imprescindible el reconocimiento de los derechos de todos y un gobierno moderno que garantice esos derechos. También están dejando claro que para lograr ese gobierno, se requiere del empoderamiento del pueblo y su postura de luchar consecuentemente por sus derechos. Esta necesidad y el redoblar los esfuerzos para lograrlo, crece cada vez mas en las mentes de quienes luchan por sus derechos. Una parte integral de ésta lucha, como lo enfatizan muchos señales y acciones recientes enfatizan que “No vamos a acatar” los esfuerzos del gobierno para criminalizarnos y silenciarnos, al contrario redoblaremos la lucha por nuestros derechos y los derechos de todos.

¡No acataremos la ley SB 1070 ni los crímenes federales!
¡Fin al programa “Comunidades Seguras”,” CAP y 287g!
!Alto a las redadas y deportaciones!
! Legislar la migración ya!

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Se permite que continúen con los serios ataques contra los derechos

Una juez bloquea algunos aspectos de la Ley de Arizona basada en perfiles raciales

El 28 de Julio, un día antes que entrara en vigor la Ley Arizona, de perfiles raciales, la Juez Federal Susan Bolton emitió un reglamento que bloquea algunos de los contenidos mas arbitrarios y racistas de la ley. El gobierno federal había entablado un pleito legal contra las secciones 1-6 de la Ley Senatorial de Arizona SB 1070, que tiene en total 13 secciones. El gobierno federal baso su alegato no en los perfiles racistas y en contra de la violación a los derechos de los trabajadores que contiene la ley sino más bien en el argumento de que Arizona estaba interfiriendo en materia de la autoridad federal sobre los asuntos migratorios.

Como lo dijo la propia juez, el gobierno federal argumento que “El poder de regular inmigración es concedido de forma exclusive al gobierno federal, y que por lo tanto las disposiciones del SB 1070 son de hecho concedidas en exclusiva al gobierno federal”. Más específicamente, el gobierno federal demandó que es el único que tiene autoridad para determinar el rol y las prioridades de las agencias federales que actúan en los estados, así como la actuación de inmigración y aduanas, a través de la migra (ICE) y también el rol que van a jugar las policía locales y estatales en ésta materia.

Es significativo que los argumentos que se presentan, y las leyes vigentes, permiten al gobierno federal la continuación y expansión de varios programas que son rechazados pues contienen el perfil racista por el aspecto físico de la persona, las injustas detenciones y deportaciones — tal como el programa “Comunidades Seguras” y el CAP — mientras que fuerzan a las agencias locales y estatales de prosecución de justicia a actuar exclusivamente bajo la autoridad federal. Los argumentos del decreto de Belton no hablas, ni usan siquiera el término de perfiles racistas. A la vez que las agencias policíacas en Arizona que han sido implementadas por el gobierno federal para ejecutar la ley migratoria, como en Phoenix el Sheriff Joe Arpaio, siguen libres de continuar con los ataques racistas y las redadas policíacas que aterrorizan a las comunidades de inmigrantes. De hecho continúo sus ataques el 29 y otra vez el 30 de julio.

La juez Bolton decretó que cuatro porciones específicas del SB 1070 pueden ser consideradas inconstitucionales, basadas en la autoridad federal sobre migración. Ella emitió un mandamiento judicial para esas secciones para no ser implementadas. Arizona realiza una apelación y ahora se presentará al noveno circuito de la Corte de Apelaciones.

Las cuatro porciones que han sido bloqueadas para impedir su implementación incluyen algunas cuestiones a las que se oponen más vigorosamente los pueblos en todo Estados Unidos así como en México y en otras partes. Ellas incluyen:

• Requieren que la policía local determine el estatus migratorio de cualquiera que ellos paren, detengan o arresten si tienen la “sospecha razonable” que no son indocumentados (Porción de la Sección 2)

• Mandan la detención de cualquier arrestado hasta que la policía determine su estatus migratorio (Porción de la Sección 2)

• Requieren a todos los que no son ciudadanos el traer consigo la documentación que pruebe su estatus y registrarse con el gobierno federal, convirtiendo en un crimen el hecho de no cargar documentos (Sección 3)

• Vuelven un crimen para los trabajadores indocumentados el trabajar o solicitar trabajo (Porción de la sección 5)

• Autorizan el arresto sin orden del juez de cualquiera que la policía considere que tiene “causa probable” para creer que ha cometido una ofensa pública que hace que esa persona sea deportable (Sección 6).

La juez determinó que para esas porciones de la ley, el gobierno puede ganar la controversia y sufriría un daño irreparable si llegaran a ser implementadas. Se emitió un mandamiento legal parando únicamente esas porciones. Anticipándose a ésta posibilidad, la SB 1070 se escribió con una “cláusula de separabilidad” que permite que si algunas porciones son declaradas inconstitucionales, el resto de la ley pueda ser aplicada

Bolton permitió que sigan esas secciones de la SB 1070 que convierten un crimen el “contrabando humano” o sea el transportar concientemente personas sin documentos (Sección 4). Esto convierte en un crimen, por ejemplo, el transportar miembros de la familia que no tengan documentos, o dar servicio de transporte a trabajadores y granjeros, o a grupos de derechos humanos o de religiosos transportar trabajadores y familias. etc. La ley también permite confiscar vehículos que se usen para transportar a personas indocumentados (Sección 10). Todas estas medidas tienden a criminalizar familias y trabajadores y a quienes los apoyan. Desviando la atención sobre los que de hecho son traficantes humanos o polleros.

La juez Bolton también dejó esas porciones que requieren que todos los oficiales locales implementen la ley migratoria y permite que cualquier individuo demande a quien no lo haga (porciones de la Sección 2).

Esto tiene como objetivo sancionar a las ciudades santuario en las que la policía local se niega a implementar la ley migratoria y tienen objeciones por parte de la policía local para aplicar la SB 1070 porque se les obliga a perfilar racialmente y a criminalizar a personas que no son culpables de crimen alguno.

Ella dejó sin tocar la sección que convierte en un crimen el parar un vehículo de motor para levantar trabajadores por día y convierte en un crimen el que los trabajadores se introduzcan en el vehículo, si impide el tráfico normal y son los policías quienes deciden si impide el tráfico normal. Esta sección lleva el objetivo de intimidar y criminalizar a los trabajadores por día y permite a la policía ignorar que algunas construcciones son compañías agrícolas.

Todas esas porciones que son un ataque serio a los derechos de los trabajadores e inmigrantes se están aplicando ahora mismo. Al apoyar las secciones en que se prohíben las ciudades santuario, la legislación de Bolton se enfoca en contra del derecho de las ciudades locales a oponerse a los crímenes federales de perfiles raciales y al castigo colectivo de los inmigrantes.

Legislación concerniente a la porción de “Sospecha Razonada,” Sección 2

Para la Sección 2, que era el blanco principal y motivo por controversias legales por su abierto perfil racista y ataques contra los derechos, el argumento fundamental que se dio es que el gobierno sería avasallado con requerimientos de los estados concerniente al estatus migratorio, lo que lo desviaría de atacar problemas más serios, incluyendo cuestiones de “seguridad nacional.” Como lo argumentó el gobierno federal, sería “inadmisible desviar la aplicación de los recursos federales de las prioridades.” El problema, entonces no era el perfil racista, sino que el gobierno federal tiene el monopolio de la autoridad en esas materias. Argumentando de ésta manera, sigue siendo válido el perfil racista que aplica el gobierno federal, muchas veces involucrando autoridades locales y estatales, ya sea cuando la migra (ICE) lleve a cabo redadas y arrestos masivos. De hecho el SB 1070 requiere fuerzas locales y estatales que trabajen con el gobierno federal para “implementar de lleno” la ley migratoria.

Tocando el tema de las porciones de la Sección 2 que fueron bloqueados, la juez habló de lo que significaría si se detuviese residentes permanentes con documentos, o hasta ciudadanos. Como lo argumentó también el gobierno federal, “Se causa un conflicto con leyes federales porque necesariamente impone un gran agobio sobre los inmigrantes que están legales de una forma que frustra la determinación del Congreso de alcanzar reglas uniformes a nivel nacional en el tratamiento de extranjeros por todo el país”. La juez agregó, citando las reglas Hines de la Suprema Corte, que tales leyes uniformes existen para supuestamente “proteger las libertades personales que da la ley a extranjeros con residencia permanente a través de un sistema (…) nacional uniforme y dejarlos libres de ser eventualmente sujetos a interrogatorios y vigilancia policiaca” El requerir oficiales que determinen el estatus migratorio de cada persona arrestada “agobia a los extranjeros que están aquí legalmente, porque su libertad se va a ver restringida.”

Aquí debe remarcarse que la preocupación no es la de impedir el perfil racista y otorgar un proceso adecuado para todas las personas, como lo manda la Constitución. Y por supuesto tampoco importan los derechos de millones de trabajadores indocumentados y sus familias, que son el blanco principal en las redadas de la migra (ICE) y la SB 1070. Sino que se expresa preocupación tan solo por los “extranjeros con documentos legales” que pudiesen ser agarrados en las redadas. De ésta manera, los argumentos del gobierno y las reglas que los apoyan, contribuyen a los esfuerzos del gobierno para dividir a la comunidad de inmigrantes y llevar el debate lejos de lo que son derechos de todos para convertirlo en lo que el gobierno califica como la división entre los “legales” o “ilegales.” Pero sucede que hasta la misma juez admite que no es un crimen federal el estar en el país sin documentos. Es una violación civil y además, relativamente menor.

Las reglas afirman que dado que es el gobierno federal el que dirige las redadas y los perfiles raciales, con los oficiales locales y estatales trabajando bajo la dirección y mando de la autoridad federal, en ese caso las detenciones y los requisitos estatales en lo que concierne a la inmigración serían correctos. De hecho, los requerimientos del programa federal “Comunidades Seguras” son exactamente los mismos. Las agencias procuradoras de justicia a nivel local y estatal tienen que mandar las huellas digitales de cualquiera que sea arrestado (no convicto sino simplemente arrestado) para que la migra (ICE) confirme el estatus migratorio de la persona.

El gobierno federal esta trabajando para extender el programa para cada una de las cárceles del país. Actualmente existe en 467 jurisdicciones en 26 estados, incluyendo partes de Arizona, California, Texas y Florida, con un gran numero de población inmigrante.

“Comunidades Seguras” junto con el programa CAP y el 287 (g), han dado lugar al aumento sostenido de la aplicación del perfil racial por el aspecto de las personas, detenciones masivas, detenciones y deportaciones. Al enfocar sus argumentos contra la Arizona’s SB 1070 en el asunto de la autoridad federal, el gobierno quiere afirmar su autoridad para proseguir un programa racista y antiinmigrante intocado y hasta reforzado. Todo, al mismo tiempo que aparenta que el gobierno federal se opone a los perfiles por aspectos raciales.

Reglas en “Muestra tus papeles” Sección 3

En esta sección, la juez se apoyó principalmente en la autoridad federal para regular el registro de inmigrantes. El gobierno dio el argumento que la Sección 3 “interfiere en una ley coherente de registro de extranjeros, la búsqueda de criminalizar la presencia ilegal va a producir el hostigamiento de extranjeros.” La juez determino que es “un obstáculo a un esquema federal uniforme y es inadmisible que Arizona regule el registro de extranjeros.”

Lo que es significativo aquí, es que el fondo del debate actual sobre migración esta en el fracaso del gobierno federal que de hecho no a realizado una reforma de migración coherente que afirme los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores. Al mismo tiempo, ha impuesto programas, como “Comunidades Seguras”, que son la base de la ejecución de ésta ley. De hecho muchas de las familias ya enfrentan el problema de las separaciones y deportaciones, incluyendo de personas que han estado viviendo y trabajando en el país durante años, y van a sorprenderse de oír que el gobierno esta preocupado por la “criminalización de su presencia ilegal”. El gobierno federal ha estado criminalizando sistemáticamente aquellos que tienen documentos y a los que no los tienen a tal grado que hasta veteranos han sido deportados desde hace muchas décadas por infracciones menores.

Es el mismo gobierno federal el que ha proporcionado el proyecto y modelo para la ley Arizona y quien ha promovido la atmosfera para su ejecución. Esto incluye el muro de la muerte en la frontera con México, responsable de miles de muertes y de mandar 1,200 guardias nacionales a la frontera el 1º de agosto.

Adicionalmente, la actual propuesta de los demócratas, presentada por el senador de Nueva York Chuck Schumer, tiene las mismas medidas que contiene la ley Arizona. Si se implementa, va a obligar no solo a los inmigrantes sino a todos los trabajadores a registrarse y obtener una identificación biométrica para poder tener trabajo. Convertiría en un crimen el que los inmigrantes no se vayan a registrar con el gobierno y habría “tolerancia cero para la entrada y el reingreso ilegal a los EEUU”, Todos los nacionales de origen extranjero tendrían que registrarse y dejar sus huellas digitales. El programa “Comunidades Seguras” que ahora son voluntarias, serían obligatorias a nivel nacional, lo que significa que los programas de perfilar racialmente a las personas que se han impuesto, estarían legitimados a nivel nacional. Promovería las “unidades auxiliares para patrullar la frontera” de carácter civil, parecidas a las poses civiles que usa el Sheriff Arpaio, para participar en las redadas masivas de las comunidades inmigrantes, pero que tan solo el gobierno federal es quien tiene la autorización para imponer tales leyes y el rol de los estados es disciplinarse a la migra (ICE) y otras agencias federales para ejecutar esas leyes federales.

Reglamentando la criminalización de los trabajadores. Sección 5

La Sección 5 convierte en un crimen el que personas indocumentadas soliciten trabajo. Aquí también el gobierno federal argumenta que el Congreso ha escogido no criminalizar trabajadores indocumentados simplemente por trabajar. Esto es consistente con la necesidad de contar con la necesidad de contar con esos trabajadores como una reserva de mano de obra barata, especialmente en los sectores agrícolas y de servicios de la economía. Ahora, sin embargo en el contexto de la creciente militarización de la frontera y la sociedad en general, el gobierno federal se mueve en la dirección de una fuerza controlada en su totalidad y con mayor profundidad, de ahí la propuesta de exigir la identificación biométrica para todos los trabajadores. Como con la Sección 3, el gobierno federal esta dictando que solo él puede imponer tales leyes, para garantizar que se van a aplicar a nivel nacional y colocar a las agencias policíacas federales en el mando. No es tanto el asunto de la federación contra el estado, sino que es un esfuerzo del gobierno federal para llegar a arreglos en los que él mande a todas las fuerzas policíacas, federales, estatales y locales. Además de que mande y controle a toda la fuerza de trabajo y decida quien trabaja y quien no trabaja. Es usar la inmigración como vehículo para lograr sus medidas fascistas, al mismo tiempo que se declara opuesto a la criminalización de los trabajadores indocumentados.

Reglamentación sobre los arrestos sin orden de juez, Sección 6

La Sección 6 del SB 1070 permite a los oficiales arrestar a las personas sin orden del juez “si el oficial tiene la causa probable para creer que la persona que ha de ser arrestada ha cometido una ofensa pública por la que merece ser expulsada de los Estados Unidos” Otra vez el argumento que esgrimen no es que el arrestar sin orden del juez es un crimen en si mismo. En vez de eso, es la ley federal de inmigración la que es demasiado complicada para que un oficial individual sepa cual ofensa hace o no acreedor al migrante de la deportación. Esto no esta en duda, es verdad. El gobierno federal mismo cambia lo que son delitos graves, crímenes agravados, mala conducta y en los diversos estados varían las leyes. La ley migratoria es muy compleja.

Lo que resalta aquí es que el argumento que sostiene el gobierno federal y apoya la juez, se presentan como si el debate sobre la inmigración se produjese en el vacío. El hecho es que el gobierno federal ha llevado incesantes arrestos sin orden de juez a escala masiva y deportado a muchísima gente por infracciones menores y esto ni siquiera se introduce en la discusión. De hecho, es el gobierno federal el que ha proporcionado el modelo a Arizona y a todos los estados, y tomado la delantera en las redadas masivas y arrestos sin orden del juez en las comunidades, tal como se hizo cuando se aprobó en abril la SB 1070.

En muchos estados se han organizado protestas para oponerse a las redadas y el castigo colectivo sobre comunidades enteras, que son crímenes del gobierno federal.

También ha estado actuando el gobierno federal para deportar un número record de personas, la mayoría no eran criminales. Por ejemplo en octubre de 2009, el Departamento de Seguridad Interna reportó que el 57 por ciento de los inmigrantes identificados a través de su programa CAP mostró que la mayoría de los inmigrantes detenidos por la migra (ICE) fueron detenidos por delitos menores, incluyendo pequeñas violaciones de tráfico, como los cargos mas serios que se les imputaban. En 2008, el 58 por ciento de los detenidos fueron arrestados por cargos menores, en 2007 más del 38 por ciento y 34 por ciento en 2006. Adicionalmente al menos 26,000 ciudadanos fueron levantados, detenidos y en algunas ocasiones deportados a causa de esos programas gubernamentales. 88,000 niños, que son ciudadanos han perdido alguno de sus padres en deportaciones injustas. Entonces en su pleito contra la ley de Arizona, no esta tratando de detener los perfiles racistas ni las deportaciones. Está tratando de aparentar que esta contra esos crímenes, distrayendo del hecho de que éstos están incrementándose y que las mismas medidas se aplican a nivel nacional forzando a las policías estatales a hacer lo mismo bajo el mando federal.

Tomando el conjunto, es claro que el reglamento permite que continúen los serios ataques contra trabajadores e inmigrantes. Es claro que quienes viven en Arizona y se han opuesto al SB 1070 están contentos de que por lo menos las peores partes de la ley se han bloqueado temporalmente, pero es un hecho, que al mismo tiempo muestran su preocupación la aplicación de la ley federal sigue aplicándose. A través de sus manifestaciones y demandas por la legalización y el fin de deportaciones y criminalización, el pueblo está demostrando que ya sea a nivel estatal o federal, no se van a permitir los ataques contra los inmigrantes.

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