No a la criminalización de la disidencia
Nuestra seguridad radica en la lucha por los derechos de todos
Obama emite un Decreto Ejecutivo

Trayvon y la Justicia
Trayvon y la Justicia cuando el Estado sanciona la violencia y los asesinatos

El Departamento de Justicia no es la fuente para lograr Justicia

V Cumbre de los Pueblos
Declaración de la V Cumbre De Los Pueblos


No a la criminalización de la disidencia

Nuestra seguridad radica en la lucha
por los derechos de todos

En marzo Obama firmó una ley que pone fuera de la ley las protestas cerca de las personas que están bajo protección del servicio secreto y coloca a quienes se involucran en esas protestas como sujetos del delito de ofensa. Habrá próximamente grandes manifestaciones éste año, incluyendo las que habrá contra la OTAN el 19 y 20 en Chicago, la Convención Nacional Republicana en Tampa, Florida del 27 al 30 de agosto y la Convención Nacional de los demócratas del 3 al 6 de septiembre en Charlotte, Carolina del Norte, que se verán afectadas por esa ley. Así como las manifestaciones en los edificios del Congreso y Cámara de Representantes que también serán impactadas si se acusa a quienes se manifiesten en protesta y sean acusados de delitos menores o crímenes. A pesar de que son edificios públicos que supuestamente sirven para intereses públicos.

Obama también emitió un Decreto Ejecutivo reafirmando la autoridad ejecutiva para desarrollar acciones en nombre de la “preparación de la defensa nacional”. El Decreto Ejecutivo amplía sus facultades para incrementar las medidas que puede tomar tanto “bajo situación de emergencia como en situaciones que no sean de emergencia”. Dado el aumento de los preparativos de guerra y de la necesidad de asegurar mayores recursos de energía, por ejemplo se puede decretar el aumento de las perforaciones de petróleo y gas natural, a pesar de la oposición a tales acciones.

Adicionalmente, el 22 de marzo el Procurado General Eric H. Holder Jr. firmó nuevos lineamientos para el Centro Nacional de Contraterrorismo para expander su actividad de espionaje sobre los Americanos aunque no haya sospecha de terrorismo. Estos lineamientos expanden las facultades del centro, que va a reunir toda la información proveniente de varias agencias policiacas, para hacer “análisis de patrones” y “mapas sociales” de los Americanos, aunque no estén bajo sospecha de haber cometido algún crimen y no hayan cometido ninguna falta.

Es bien sabido que ese espionaje se realiza sobre la base de perfiles racistas o religiosos, y que van dirigidos contra opositores políticos. El “análisis de patrones” del gobierno y las “bases de datos” involucran todas a las ideologías “radicales”, especialmente las de quienes se oponen a las amenazas del imperialismo de EUA, a los que se tachan de “amenazas”.

Los lineamientos de Holder se dieron a conocer de cara a los reports recientes que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés) junto con la CIA se involucraron de lleno en el espionaje contra los musulmanes, lo que incluyó la infiltración de mezquitas y Asociaciones de Estudiantes Musulmanes en todo Nueva York y fuera de ese estado. La CIA y la NYPD no tienen autoridad alguna para realizar esas actividades que permanecen impunes pues no se les ha hecho cargo alguno ni han tenido castigo, al contrario, el espionaje del gobierno y la criminalización de los disidentes se esta expandiendo.

A esas acciones se sumó la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que incluye la autorización del presidente y de los militares para detener indefinidamente a cualquier persona, sin cargos, ni juicio.

La criminalización de los disidentes es un medio para aterrorizar y silenciar al público en momentos en que lo que se necesita es que se politice y adquiera energía. Es un medio para despolitizar al público y eliminar el concepto de que el gobierno existe para guardar el bienestar publico, no los derechos de los monopolios. Las acciones recientes, junto con la experiencia de la “guerra al terrorismo” han dejado claro que lo que ellos llaman “seguridad nacional” no tiene nada que ver con la protección publica y el interés publico. Por lo contrario sirve a los monopolios privados y a sus intereses como los de los monopolios de producción bélica.

Nuestra seguridad radica en la lucha por los derechos de todos, en casa y en el extranjero. Descansan en que seamos políticos, lo que significa que identifiquemos y luchemos por nuestros intereses individuales y colectivos y los intereses generales dela sociedad y en la búsqueda por armonizar esos intereses y humanizar a la sociedad.

Los seres humanos son seres sociales y políticos. Es deshumanizante el que seamos despolitizados, y el tener bajo ataque el derecho a disentir como ocurre actualmente.

Un gobierno y un estado cuya razón de existir es la “seguridad nacional” no sirve a los seres humanos. Esto significa que no es suficiente oponerse a los actuales ataques. Es necesario tanto resistir como organizarse para una sociedad hecha por nosotros mismos que ponga en el centro los derechos de todos. Es necesario organizarse ahora mismo, hoy necesitamos desarrollar mecanismos de empoderamiento político, en el que el pueblo mismo sea quien tome las decisiones.

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Es probable que se implemente

Obama emite un Decreto Ejecutivo

El 16 de marzo, el presidente Barack Obama emitió un Decreto Ejecutivo titulado “Preparación de los Recursos para la Defensa Nacional.” El decreto se basa en la ley de la producción para la defensa de 1950 que sirvió para la Guerra de Corea. Es casi la misma que una nueva versión emitida por el presidente Bill Clinton en 1996.

El decreto emitido por Clinton en parte cambió la ley anterior al agregar que su aplicación era válida tanto para tiempo de paz como de Guerra. El decreto tiene que ver con el uso de los poderes presidenciales para asegurar que haya "una base industrial y tecnológica capaz de cumplir con los requerimientos de la defensa nacional y capaz de contribuir con la superioridad tecnológica en la paz y en tiempos de emergencia nacional”. Trata de todas las facetas de la vida, incluyendo producción de alimentos, agua, uso de recursos energéticos y ubicación de la fuerza de trabajo, y los coloca todos a disposición de los poderes presidenciales.

La mayoría de las disposiciones de autoridad del decreto de Obama son las mismas que las de Clinton. Lo significativo de que las emita ahora, es su cercana posibilidad de que se implementen, o por lo menos en partes. Un cambio importante para facilitar su aplicación es la parte del texto que permite al presidente actuar sin que exista una emergencia. Obama ha agregado a la Sección 201(b) que los secretarios designados por el gabinete “deben planear y dar a conocer las regulaciones par priorizar la ubicación de los recursos y establecer estándares y procedimientos que debe usar la autoridad para promover la defensa nacional, bajo condiciones tanto de emergencia como de no emergencia.” Específicamente los secretarios que se incluyen son los de Agricultura, Comercio, Defensa, Salud, Servicios Humanos y Transporte. Los contratos y órdenes pueden abarcar cuestiones de energía, agua, comida, construcción, transporte civil y otros. También se incluye el que el gobierno almacene los recursos.

Al incluir que acciones se pueden tomar en una situación de no emergencia, por ejemplo, Obama podría determinar que son necesarios para los preparativos de defensa y depositar financiamiento para ello a pesar de la amplia oposición del público y gobiernos estatales y locales. Esas acciones pueden vislumbrarse por los comentarios que hizo Obama en el Informe sobre el Estado de la Unión de 2012 acerca de trabajar en perforaciones para obtener petróleo y gas y usar terrenos públicos y financiar la extracción de recursos energéticos. El decreto ya no hace necesario que existan condiciones de guerra o de emergencia para ser implementado por lo que puede ser aplicado en cualquier momento.

Otro cambio fue el remplazar la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles) con el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) – lo que no existía en 1996 – como la fuerza que ha de implementar la orden junto con el equipo de “seguridad nacional” que nombra Obama y los secretarios de su gabinete mencionados arriba. La DHS también incluye todas las agencias fronterizas y de migración, lo que significa que también a éstas se les puede dar prioridad y hacer actuar para actuar en nombre de la “preparación de la defensa”.

También se actualiza en el decreto el rol que se le da a las unidades de la Reserva Ejecutiva de la Defensa Nacional (NDER por sus siglas en inglés), que se establecieron por Clinton en 1994. Las unidades son distintas de lo militar, de las reservas militares y la Guardia Nacional. Ellas están constituidas por “expertos” del sector privado que han sido entrenados para jugar su rol en tales unidades. Ellas han de ser movilizadas en el caso de una “emergencia de defensa nacional,” que el secretario del interior determine. Tal emergencia puede no estar relacionada con alguna invasión foránea sino por asuntos relativos a la situación interna, incluyendo los de la frontera, emergencias de salud, desastres naturales, etc. Cada uno de los cinco secretarios del gabinete tiene autoridad para establecer unidades de la NDER en cada agencia, así como la autoridad para “emplear personal civil cuando se activa cualquiera de las partes de la unidad de la NDER.” No hay nada en el decreto que prevenga la utilización de mercenarios del tipo de la Blackwater en tales unidades ni de usarlos en contra de los trabajadores tales como los estibadores o los del sector energético, que están desarrollando luchas y pueden ser etiquetados como un daño a los “preparativos de defensa.” Recordemos que el presidente Bush amenazo con el uso de militares contra los estibadores de la costa oeste.

La orden de Obama también incluye una sección de “Requerimientos laborales” que liga la preparación para reclutamiento militar con el fin de poner la fuerza laboral al servicio de la seguridad nacional. El Decreto requiere que el Secretario de Trabajo “mantengan los datos necesarios para realizar continuas evaluaciones de la fuerza de trabajo a nivel nacional” y “ bajo pedido del Director de Servicio de Selección, y en coordinación del Secretario de Defensa, apoyar al Director del Servicio de Selección, desarrollar política para regular la inducción y aplazamiento de personas para el servicio de las fuerzas armadas.”

Mecanismos para Politizar Intereses Privados

El decreto se emite en el contexto de varios otros lineamientos, leyes y disposiciones de la corte que expanden el espionaje, el terrorismo del Estado policiaco que elimina el requisito de suspiciaion de terrorismo o una amenaza real, y abiertamente criminaliza la disidencia. La Suprema Corte de Justicia ha decretado que cualquiera que sea arrestado por cualquier razón y puesto en la cárcel puede ser sujeto a la humillación y brutalidad de ser registrado aún en las partes intimas, aun cuando las personas no sean sospechosas de traer algo ahí. También se ha dado recientemente el que quienes son arrestados se les someta al escaneo de iris junto con sus huellas digitales. Por parte del gobierno federal se han incrementado las medidas policiacas. Esta es otra indicación de que los Decretos Ejecutivos de Obama se están implementando para ser puestas en práctica, lo que por lo general no sucedía en tiempos pasados (aparte de lo que sucedió con los campos FEMA y los ejercicios en vivo de FEMA y militares que se realizaron luego del huracán Katrina). El Decreto tiene que ver con el contexto actual de crecientes preparativos de guerra y preocupaciones energéticas, particularmente en relación con una guerra potencial con Irán y Siria.

La emisión del Decreto Ejecutivo de Obama, sin duda alguna esta relacionado a proveer mecanismos directos que alimenten la tendencia general de politizar los intereses privados. Esto significa que el presidente y los secretarios de su gabinete van a decidir que intereses privados obtienen recursos públicos – financiamiento para proyectos, nueva tecnología, tratamiento prioritario – considerado necesario para el estado de “preparación”. Fortalece la decisión ejecutiva del presidente para ejercer el poder, prefiriendo sustituir las discusiones y peleas usuales en el Congreso. Le da al presidente la libertad de usar el presupuesto publico a su antojo. Esto incluye no solo el presupuesto del Pentágono, sino también el de los Departamentos de Agricultura, Comercio, Energía y Transporte.

Hay que considerar este ejemplo de la clase de poderes que el Decreto le da al presidente. El Decreto le da el poder al presidente para “ubicar materiales, servicios e instalaciones necesarias o apropiadas para promover la defensa nacional [...] al Secretario de Agricultura con respecto al abasto de comida, instalaciones de almacenamiento de comida, instalaciones diversas, recursos de ganadería, recursos veterinarios, recursos de plantas medicinales, y la distribución doméstica de equipo de granjas y fertilizantes comerciales.”

El decreto define lo que se entiende por “recursos alimenticios” y lo que tiene que estar bajo control: “todas las instalaciones y productos (simples, mixtos o compuestos), o complementos para tales instalaciones o productos, que pueden ser ingeridos por seres humanos o animales, irrespectivamente de otros usos que tales materias primas o productos pueden colocarse, en todas las etapas de su proceso de materia prima en bruto a las materias primas en forma de ser vendidos para el consumo humano o animal. “Recursos alimentarios” se refiere también a botellas de agua para el comercio, almidones, azucares, aceites vegetales, animales o marinos, semillas, algodón, cáñamo y fibra de lino, pero no significa cualquiera de estos luego que pierda su identidad como materia prima agrícola o producto agricola."

Van para el Estado: “Instalaciones de recursos alimenticios, plantas, maquinaria, vehículos (incluidos los de las granjas), y otras instalaciones que se requieren para la producción, procesamiento, distribución, almacenaje (incluyendo congeladoras) de recursos de alimentos, y para la distribución domestica de equipo agrícola y fertilizantes (excluyendo el transporte)."

En el caso de recursos energéticos, el decreto determina que la autoridad presidencial va a ser delegada al “Secretario de Energía con respecto a todas las formas de energía.”

La energía, de acuerdo al decreto, es definido como: “todas las formas de energía incluyendo petróleo, gas (natural y manufacturado), electricidad, combustoleos solidos (incluyendo todas las formas de carbon, coque, productos químicos de carbón, licuación de carbón, y gasificación de carbón), solar, viento y otros tipos de energía renovable, energía atómica, y la producción, conservación, uso, control, y distribución (incluyendo tuberías) y todas esas formas de energía."

Como parte de las medidas que tratan con las regulaciones para el reclutamiento, el decreto autoriza la apropiación de la mano de obra para cualquier propósito al que se califique que es parte de la “seguridad nacional.” En otras palabras, esto significa el establecimiento del trabajo sobre la base del esclavismo para dirigirlo a la producción de guerra y los asuntos concernientes a cualquier aspecto de la economía como materia de seguridad nacional.

Adicionalmente, dada la anexión de Canadá y México y su integración dentro de la Seguridad Nacional de EUA y su mando militar a través del Comando Norte NORTHCOM y NORAD, no puede ser subestimado el peligro de éste decreto afecta a los canadienses y a los mexicanos, así como a la clase obrera y el pueblo de EUA.

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Trayvon y la Justicia cuando el Estado sanciona la violencia y los asesinatos

El asesinato de Trayvon Martin, un adolescente desarmado, por un capitán de la "Neighborhood Watch" (la vigilancia del barrio) George Zimmerman, ha provocado una amplia cobertura en los medios monopolizados y en las redes sociales. Las manifestaciones en New York, Georgia, Florida y otros lados han expresado el coraje del pueblo que esta demandando justicia para Trayvon — específicamente el individuo que lo mató debe ser acusado y juzgado. Esto no ha ocurrido.

Mucha gente ha expresado el hecho de que el asesinato de jóvenes afroamericanos sin que se juzgue el crimen no es nuevo, se han citado muchos ejemplos recientes y otros históricos. Lo que incluye el asesinato en marzo por parte de la policía de los jóvenes afroamericanos : Justin Sipp y Wendell Allen, ambos de 20 años y de Nueva Orleans, Louisiana; Michael Lembhard, 22 de Newburgh, NuevaYork; Kendirck Lavelle McDade, 19 de Pasadena, California. En febrero las matanzas policíacas incluyen a Stephon Watts, 15, Calumet City, Illinois (cerca de Chicago); Remarley Graham, 18, Bronx, Nueva York, ambos desarmados y asesinados en sus casas.

Hay muchos casos muy conocidos, como por ejemplo el de Oscar Grant asesinado por un policía de transito de Oakland, California en 2009; Sean Bell muerto por 50 balas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés) el día anterior de su boda en 2006; y Amadou Diallo, el inmigrante africano muerto por 41 impactos de bala en la puerta de su casa en 1999, también por la NYPD. Muchos de los jóvenes fueron asesinados porque la policía dijo que parecían “sospechosos”, o que “parecía” que tenían mariguana, o que tenían un “arma” que luego resultó inexistente. Esos son solo algunos de los cientos de casos de asesinatos policíacos y de brutalidad contra afroamericanos, puertorriqueños, latinos y todos jóvenes de escasa edad. Voz de la Revolución denuncia el asesinato de Trayvon y de todos los jóvenes balaceados por la policía y sus agentes. Sin cuestionamiento alguno los responsables deberían ser acusados y juzgados.

La violencia injusta contra la población civil es sancionada y promovido por el Estado racista

A pesar de la gran cantidad de cobertura de los medios de comunicación monopolizados por el asesinato de Trayvon, varias cosas se destacan tanto en la cobertura y el discurso en curso, principalmente por su ausencia. Se ha dicho con razón que la matanza de civiles desarmados culpables de ningún delito y simplemente "apariencia sospechosa" no se puede justificar. Las reclamaciones de la legítima defensa por parte de Zimmerman, teniendo en cuenta que él tenía un arma y Trayvon estaba desarmado, son justamente y ampliamente denunciada como ilegítima, así como reclamos similares por la policía culpable de matar a los jóvenes.

Pero lo que está ausente es que es precisamente ese tipo de violencia injusta contra la población civil que está sancionado y promovido por el Estado, desde el presidente, los militares, el Departamento de Justicia, Departamento de Seguridad Nacional para abajo. Los asesinatos selectivos de los "sospechosos" de terrorismo que "aparecen" árabe se llevan a cabo y aplaudido; asesinatos con aviones no tripulados de la población civil, incluidos los partidos de la boda enteros se vuelven a repetir; los “Navy Seals”( una fuerza de operaciones especiales de la Armada) , conocido por sus asesinatos, torturas y otras acciones ilegales se promueven como "modelos "para todos, toda la guerra criminal contra Afganistán se ha hecho en el nombre de la "legítima defensa," con los militares de EUA que lleva las armas de fuego y civiles desarmados en Afganistán asesinados por los cientos de miles de personas. ¿Cómo es que cuando un individuo, como Zimmerman, afirma la legítima defensa y mata a un civil desarmado que se denuncia y las demandas se hacen para él ir a la cárcel, pero cuando el gobierno lleva a cabo la violencia contra las comunidades y pueblos enteros en nombre de la legítima defensa propia, que se supone que para ser aceptado? ¿Por qué no los cargos y la cárcel a todos los criminales, a partir de la cima? Cuando los Navy Seals son aplaudidos por matar con impunidad, y los departamentos de policía están muy armados y entrenados para usar la violencia contra los "sospechosos", muchos más asesinatos de la policía y las de los informantes de la policía como Zimmerman es el resultado. Los Zimmermans sólo existen en una situación donde la violencia es sancionada y protegido por el Estado.

Poco se ha dicho sobre el hecho de que los comités “Neighborhood Watch” son una creación de la policía para asegurar los informantes y los individuos a hacer la vigilancia de los barrios. La gente como Zimmerman y guardias de seguridad privados están armados y alentó a buscar actividades "sospechosas", que en general significa simplemente tener los jóvenes caminando en el barrio, sobre todo si son afroamericanos. Ellos no son los vecinos asisten a otros vecinos, sino que son agentes de la policía en funciones de la policía y siguiendo su ejemplo, con la policía a su vez, siguiendo el ejemplo de las fuerzas militares y federales. De hecho, las fuerzas policiales están militarizados a tal grado que los funcionarios municipales como el alcalde de la ciudad de Nueva York Michael R. Bloomberg se jacta de tener su propio ejército, equipado con tanques, helicópteros y mísiles, a utilizar para sus propios intereses privados.

Es evidente que quienes detentan el poder han abandonado las soluciones políticas a problemas sociales como el desempleo generalizado entre los jóvenes, y las escuelas que son como prisiones que los jóvenes están abandonando en masa. Ellos usan la violencia como el arma preferida para evitar soluciones que sirvan al pueblo a los problemas económicos, políticos, culturales y sociales. Para la "guerra contra el terror", los árabes y los musulmanes están dirigidos, para la "guerra contra las drogas", es afro-americanos y otras minorías nacionales. Estas guerras se han librado con total impunidad contra los pueblos y no ofrecen ninguna solución.

Justicia se puede encontrar no en confiar en el mismo Estado responsable del racismo y la violencia, pero en la autosuficiencia y el empoderamiento político. La autodefensa organizado y organizarnos como colectivos por nuestros derechos es un camino hacia adelante — un camino que se basa en nuestros propios esfuerzos y está en nuestras manos para decidir.

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El Departamento de Justicia no es la fuente para lograr Justicia

El gobierno federal y el monopolio de medios están poniendo atención sobre George Zimmerman y llaman a la gente a apoyarse en el Departamento de Justicia en el caso del asesinato de Trayvon Martin. Esto sirve para distraer del hecho de que es precisamente el presidente, su Departamento de Justicia y la Seguridad Interna quienes organizan y sancionan el racismo del Estado y el uso de la violencia en contra de civiles desarmados. Esto es lo que sucede en Afganistán, Pakistán e Irak, donde se repiten los asesinatos y masacres de civiles y son justificados en nombre de conductas “sospechosas”, o que los individuos son una “amenaza”. Hasta el lenguaje de “sospecha” y “sospechoso” y reclamos de “auto defensa” son lo mismo, ya sea en el país o en el extranjero, ya sea contra afroamericanos o árabes. La gran mayoría de quienes fueron asesinados no son culpables de ningún crimen, sino que son civiles etiquetados de “sospechosos” o de ser una “amenaza”. El monopolio de medios y la policía promueven ampliamente que los hombres afroamericanos son una “amenaza,” simplemente por serlo.

El gobierno federal tiene una larga historia de adjudicarse la lucha contra la violencia racista cuando de hecho es el principal promotor e impulsor de esa violencia. Ellos fueron los que infiltraron, armaron y protegieron el KKK, en el sur y el norte. Pocos pueden olvidar la experiencia de los 60´s y los 70’s en los que el gobierno federal fue responsable de asesinatos, infiltración, espionaje, y destrucción de las organizaciones que defienden al pueblo, mientras que dicen “investigar.” El Departamento de Justicia esta “investigando” constantemente, mientras que raramente hacen cargos y más raramente logran veredictos de culpabilidad. El Departamento de Justicia es una de las principales instituciones responsables de racismo institucional y no puede ser un instrumento de justicia que se oponga a la violencia racista.

También es el gobierno federal el que dedica financiamientos masivos para militarizar las fuerzas policíacas a nivel estatal y local e incrementa la militarización en el país y en el extranjero. Ni el Departamento de Justicia ni Seguridad Interna actúan para terminar con la encarcelación racista y genocida de afroamericanos, para terminar la violencia contra civiles, para dar seguridad al defender los derechos del pueblo, del público. De hecho ellos están organizando el incremento de la violencia en nombre de “asegurar” los intereses de los monopolios privados, como los monopolios militares. Ellos son quienes garantizan impunidad para los crímenes, grandes y pequeños, permitiendo a las agencias militares y policíacas a todos los niveles matar y usar la violencia.

El Departamento de Justicia y el gobierno federal por lo general no son una fuente de justicia. Los funcionarios federales y las instituciones deben rendir cuentas por su rol de someter al pueblo a la violencia y la represión. Esto no puede hacerse pidiendo “investigaciones” y supervisar "la revisión y restructuración" de la policía local. Ellos son los verdaderos responsables de la militarización y las políticas de “tirar a matar”. Esas viejas instituciones, parte del aparato Estatal de EUA de represión, han demostrado su racismo, que actúan con impunidad contra el pueblo y expanden la violencia como medio de impedir el cambio que favorezca al pueblo.

Lejos de pedir la intervención del gobierno federal, lo que se necesita es la innovación para construir instituciones propias que sirvan a nuestros intereses y defiendan nuestros derechos. Vamos a organizarnos como colectivos e impulsar la lucha organizada por nuestros derechos. Vamos a organizarnos para ser nosotros mismos, tomadores de decisiones, creando colectivos e instituciones en las que nosotros decidamos. Vamos a actuar para quitarle el poder al gobierno avanzando nuestra lucha por nuestro empoderamiento.

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Declaración de la V Cumbre De Los Pueblos

Las organizaciones sociales y populares del Continente, reunidas en la V Cumbre de los Pueblos, la verdadera voz de las américas, realizada entre el 12 y 14 de abril en Cartagena de Indias en forma simultánea a la VI Cumbre de las Américas, señalamos que:

Rechazamos enérgicamente la insistencia del gobierno de Estados Unidos de imponer su agenda y decidir sobre el rumbo de las deliberaciones de estas Cumbres. Son prueba de ello su veto a la participación de Cuba y su estrategia de militarización, que utiliza como pretexto la fracasada guerra contra las drogas, la atención a desastres naturales y el control a la migración, como forma de mantener su hegemonía. Un componente fundamental de esta estrategia es la criminalización de las luchas sociales.

Su política imperialista se expresó en el apoyo al golpe de Estado en Honduras y su respaldo al régimen ilegítimo de Porfirio Lobo, los intentos de desestabilizar a Haití, el mantenimiento del bloqueo económico a Cuba y la continuidad de la base militar de Guantánamo así como, la oposición a la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas.

Ha sido ostensible, después de la Cumbre de Trinidad y Tobago, el incumplimiento por parte del gobierno de Obama de la oferta de construir un nuevo tipo de relación con América Latina. A pesar de su derrota en la propuesta del ALCA, el gobierno estadounidense, para sortear la aguda crisis económica que afronta desde 2007,se empeña en promover los tratados de libre comercio y el conjunto de la agenda neoliberal que son un obstáculo para la integración regional y han sumido en el atraso y la miseria a la mayoría de los países del Continente.

Por su parte, el gobierno canadiense ha promulgado una política de tratados de libre comercio e industria mega minera y de extracción de recursos naturales y energéticos en toda América Latina. Sus empresas están causando daños irreversibles al ambiente y la biodiversidad, violando los derechos de los pueblos a sus territorios. Los conflictos sociales y ambientales se multiplican en la región como resultado de este modelo depredador.

Reconocemos los avances en los esfuerzos de integración regional autónoma, como los planteados en el ALBA, UNASUR y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe, CELAC. Sin embargo, la construcción y afianzamiento de gobiernos democráticos, progresistas y de izquierda debe avanzar hacia la superación del modelo basado en el extractivismo, la monoproducción agro-exportadora y el acaparamiento de las tierras. Esto vulnera derechos esenciales como el consentimiento previo, libre e informado e impide el despliegue de toda la capacidad del movimiento social como fuerzas capaces de profundizar los cambios.

La confluencia de estas corrientes gubernamentales con los movimientos sociales y políticos, puede preservarse en la medida en que los pueblos profundicen la unidad, la movilización social y política y no renuncien a su autonomía y a su derecho de fiscalización. Registramos con satisfacción que las luchas populares se mantienen y se fortalecen en resistencia pacífica al modelo neoliberal.

A esta V Cumbre de los Pueblos, la Verdadera Voz de las Américas, acudieron miles de luchadores y luchadoras, de organizaciones de mujeres, sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas, afros, pequeños productores y sectores de iglesias y ecuménicos del hemisferio. Deliberamos sobre los problemas que consideramos verdaderamente fundaméntales para nuestros pueblos y avanzamos en la construcción de propuestas y por ello, entre otras demandas, exigimos:

• La eliminación de las bases militares extranjeras, el fin del colonialismo, la cancelación de ejercicios y entrenamientos militares y policiales conjuntos, el cierre de la Escuela de las Américas y la eliminación del Sistema Interamericano de Defensa y el cese del despliegue de la IV flota sobre nuestros mares.

• El fin de la militarización os pretexto de la guerra contra las drogas, y su reemplazo por una política integral, multilateral y con énfasis en las medidas de salud pública.

• El fin de la militarización de funciones civiles como la asistencia humanitaria, la atención a desastres y el control migratorio.

• El cese de la criminalización de la lucha social, del uso de los territorios indígenas, afros y campesinos como escenarios de guerra: no a los reclutamientos forzados, al uso de las mujeres como botín de guerra y a los desplazamientos forzados. En el caso de Colombia, en donde persiste el conflicto armado interno, la militarización ha puesto al borde de la extinción a estos pueblos.

• La supresión de los tratados de libre comercio e inversión que profundizan la pobreza, la exclusión social y la inequidad, que afectan particularmente a las mujeres.

• El cese a la promoción indiscriminada de la inversión extranjera, buscando en cambio relaciones de cooperación y beneficio recíproco y profundizando en los procesos de integración autónoma. Los derechos de los inversionistas no pueden estar por encima de los derechos de los pueblos y la naturaleza. Es preciso condenar a las trasnacionales como actores principales del modelo.

• Una nueva arquitectura financiera regional, que incorpore: Banco del Sur, Fondo de Reservas Latinoamericano y ponga fin a la empobrecedora política de endeudamiento.

• Soluciones reales a la crisis ambiental y climática que apunten a sus causas estructurales a través de un El replanteamiento de la arquitectura financiera cambio en el modelo de desarrollo. Defendemos la vida y los bienes comunes frente a la mercantilización de la naturaleza impulsada por las instituciones financieras multilaterales y los países del norte.

• Respeto al derecho de los pueblos a decidir sus políticas agrarias y asegurar su soberanía alimentaría, conservar y consumir sus productos nativos. Todos estos amenazados por los monocultivos, los agro-combustibles, los transgénicos y la gran minería.

• Que se priorice la generación de trabajo digno para todos y todas, la garantía a la libertad sindical y la negociación colectiva y el fin de la violencia contra trabajadores rurales y urbanos del continente.

• Cambios efectivos en los sistemas educativos que aseguren el pleno acceso a la educación, con participación democrática de los estamentos educativos y en contra de la privatización y mercantilización de la educación. En defensa del derecho a la educación, apoyamos la demanda del movimiento estudiantil del continente por su gratuidad y universalidad.

• Restablecer el derecho de Cuba a pertenecer al sistema multilateral. Exigir a EE.UU. el cese del bloqueo a Cuba y el cese de la hostilidad hacia los gobiernos que no siguen sus dictados.

• La profundización de los procesos de integración autónomos sin injerencia del gobierno de Estados Unidos y la construcción de amplios procesos de integración desde los pueblos, con respeto, reconocimiento e incorporación de los aportes de la comunidades a una sociedad basada en la cooperación y el Buen Vivir y la construcción de una cultura de paz. - Los pueblos hermanos del continente, apoyamos a Colombia en la búsqueda de una solución negociada y pacífica al conflicto armado.

Lamentamos que la bella ciudad de Cartagena sea al mismo tiempo ejemplo de inequidad y pobreza. Hoy de militarización con ocasión de la Cumbre oficial de presidentes.

Hacemos un llamado a todos los sectores sociales del Continente Americano, para que de manera unitaria emprendamos las luchas que reivindiquen los principios y aspiraciones recogidos en esta declaración, invitándolos a acompañar la movilización masiva, pacífica y civilista para el logro de los fines propuestos.

Finalmente consideramos que la Cumbre oficial de las Américas no puede seguir siendo un escenario excluyente, de subordinación al imperio y simulación de falsas armonías. Esta es nuestra voz, la verdadera voz de los pueblos de las américas, y así lo proclamamos ante el mundo.

 

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Voz de la Revolución
Publicación de la Organización Marxista-Leninista de los Estados Unidos

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