Espiando y criminalizando a los trabajadores
• ¡Rechazo al gangsterismo y a la “ley del más fuerte”en EU! Luchemos por el empoderamento político
• "Programa de amenaza interna"— Obama criminaliza los trabajadores del estado
Rechazo a la ley de inmigración del senado
• Luchemos por los derechos de inmigrantes y trabajadores
• Algunas de las principales características de la ley de inmigración del senado
¡Rechazo al gangsterismo y a la
“ley del más fuerte" en EU!
Luchemos por el empoderamento político
La administración Obama, a través de diversos medios, impone la gangsteril y retrógrada “ley del más fuerte” y al mismo tiempo, criminaliza a los trabajadores por ser “amenazas para la seguridad.” La ley del más fuerte es un concepto medieval de la época de los reyes, que ha sido rechazado por la humanidad desde hace mucho tiempo y no tiene ya ninguna validez en el mundo moderno, ni en las relaciones internas del país ni en los asuntos internacionales. Sin embargo, con el uso de afirmaciones tales como “seguridad nacional,” EU alardea abiertamente de su poder dentro y fuera del país. “Seguridad” se utiliza para justificar el espionaje masivo y la recopilación de datos sobre las personas dentro de los EU y en todo el mundo, incluidos otros gobiernos. Se utilizó ya para justificar el gansterismo de EU y lograr que los países europeos se negaran a permitir que el avión del presidente boliviano Evo Morales utilizara su espacio aéreo, lo que obligó a que la aeronave tuviese que realizar un aterrizaje de emergencia.
EU lleva a cabo estas acciones de fuerza y los demás hacen lo propio amenazando con tomar represalias. Han roto la ley, así como las normas que rigen las relaciones internacionales, por lo que la anarquía y la violencia han tomado su lugar. El ataque contra Bolivia y el espionaje sin restricciones, están dejando claro que estas condiciones son peligrosas para los pueblos. La Ley del más fuerte que impone EU no posee soluciones para el mundo moderno, y en su lugar lleva al mundo a un retroceso en el que se confía en la violencia y en la fuerza, lo que llevará a una incontrolable anarquía.
Estos mismos postulados sobre “seguridad” se están utilizando para justificar un amplio programa que Obama ha iniciado en todo el gobierno con un decreto presidencial. El programa, conocido como “amenazas internas”, requiere que millones de empleados federales y contratistas se conviertan en informantes, para que notifiquen sobre la conducta del otro, incluso sobre cosas personales como divorcios o sus dificultades financieras o las discrepancias que se consideren puedan considerarse “indicadores” de una “amenaza potencial”. El no ser un informante significa castigo o cargos criminales. Los planes del Pentágono en torno a este programa, enfatizan específicamente: “Hagamos el trabajo desde casa, evadir esta obligación equivale ayudar a los enemigos de EU.” Las acusaciones por ayudar al enemigo se castigan con la muerte.
El programa es de aplicación tanto para información clasificada, como para la no clasificada e incluye muchas secciones, como la educación y la agricultura y organizaciones como Peace Corps. Ante definiciones tan ambiguas como “amenaza” y “amenaza potencial” esto utiliza para ubicar injustamente o sólo a los que defienden los derechos, que resisten a la violencia el gobierno, sino en general para tipificar como delito algunas conductas. Se está imponiendo una atmósfera anti-obrera y de miedo, se siembran divisiones y se humilla a la gente con el objetivo de crear trabajadores sumisos, que acepten los delitos del gobierno y las agresiones en contra de sus derechos. El programa no es diferente al utilizado en las cárceles de máxima seguridad, donde los reclusos tienen que informar sobre sus compañeros que también están en prisión e informar sobre los miembros de las “pandillas” para eximirse de una confinación en aislamiento. Es un programa que nada tiene que ver con la seguridad ni con todo lo relacionado al control y la reglamentación del los trabajadores, sino con la humillación y el castigo. Todos los involucrados están obligados a ir en contra de la humanidad y hasta de su propia conciencia ya que son obligados a someterse a acciones que saben que están mal.
En énfasis que se hace en las “filtraciones” es también una manera de agredir a la población y a su derecho de ser informado y de regirse. Una democracia moderna requiere que sea el pueblo quien gobierne y decida, que las instituciones y los medios informativos actúen de manera íntegra, donde se cuente con la participación política del público y que esté al servicio de los intereses de la sociedad en general. En relación a la Ley del más fuerte, los círculos dominantes están imponiendo la idea de que sólo el poder ejecutivo es quien puede decidir lo que constituye o no una “amenaza” y lo que se necesita para “proteger” a la gente. El público se representa como si fuese un cuerpo al que no les es posible actuar por sí mismo y por su propio interés, y que en su lugar, debe ser “protegido” por el Comandante en Jefe.
La base de datos así como la regulación de los trabajadores mediante programas de espionaje y las “amenazas internas” no son los únicos ejemplos. El proyecto de ley de inmigración que recientemente aprobó el Senado, de aplicarse, podría proporcionar una base de datos a nivel federal de todos los trabajadores, ya que haría que el sistema federal E-Verify (Verificación electrónica de empleo), sea obligatorio para todos los patrones. Entre otras cosas, el proyecto de ley ya está poniendo en marcha la maquinaria para que sea el gobierno el que una vez más decida sobre el uso de los “controles de seguridad nacional” y sobre quien sí quiere y quién no quiere trabajar.
En la educación, Bill Gates financia "InBloom" que consiste en una base de datos privada que ofrece una enorme cantidad de datos personales de los estudiantes, les hace un seguimiento personal desde el kindergarten hasta la escuela secundaria. La información es entregada a los monopolios privados, como Microsoft, y el software es vendido a las instituciones educativas. Son dólares públicos utilizados en comprar grandes cantidades de un software basado en los datos que recoge "InBloom" siendo un sector privado. ¡Se necesitarán fondos públicos para que las instituciones públicas, como las escuelas, obtengan los datos por sí mismos! Y, al igual que con el resto de la población, esta recopilación de datos, se está haciendo sin el consentimiento y, a menudo sin el conocimiento de los estudiantes y de los padres de familia involucrados.
El espionaje, la recopilación de datos, los programas tales como “amenaza interna” y los proyectos de inmigración, junto a la criminalización y régimen de regulación de los trabajadores, son indicios de que los gobernantes de EU no tienen soluciones y que ya no están en condiciones de gobernar. En gran medida, se está poniendo en peligro a la población de los EU y de todo el mundo. Es también el caso para las instituciones estadounidenses construidas sobre la Constitución, que no pueden bloquear las acciones del gobierno. Ya no son un instrumento eficaz para defender lo público y el derecho público. Se necesita entonces una nueva Constitución con nuevas resoluciones, que permitan a las personas para gobernar y decidir, así como instituciones que impulsen lo público y se consagren al derecho público. Oponerse en general a las agresiones sobre los derechos y a los esfuerzos para eliminar la gobernabilidad de la población, es vital. Hoy puedes hacer aún más que esto, hoy es central avanzar en el empoderamiento político con la construcción de nuestros propios colectivos e instituciones, para la toma de decisiones.
[TOP]
"Programa de amenaza interna"— Obama criminaliza los trabajadores del estado
A medida que el ejecutivo institucionaliza el poder político sin restricciones, la oposición mientras tanto, trata de bloquear tales poderes de la administración Obama, quien con un decreto presidencial, ha puesto en marcha el denominado "Programa de amenaza interna." Es un programa de gobierno en el que se reprime a los empleados con el fin de que éstos espíen a sus compañeros de trabajo e informen sobre cualquier “sospecha” o “amenazas potenciales” o “indicadores” donde se incluyen temas tan personales como el divorcio, dificultades financieras, los niveles de estrés, viajes al extranjero, quejas, etc. Millones de trabajadores y contratistas federales deben vigilar y reportar a las "personas de alto riesgo o comportamientos" que ubiquen entre sus compañeros de trabajo. Las sanciones por eludir la promoción del programa, la no participación en el espionaje y no dar la información sobre los compañeros de trabajo varía, pero incluye despido y posibles cargos criminales. La filtración hacia los medios de comunicación u otras personas se equiparan con el espionaje, lo que puede sobrellevar a la pena de muerte.
El 1 de junio de 2012, el Departamento de Defensa del plan estratégico para el programa, expresaron: “Hagamos el trabajo desde casa, evadir esta obligación equivale ayudar a los enemigos de EU.”
Este plan del Pentágono exige también que los administradores de la seguridad “deben” amonestar y/o revocar a las autoridades encargadas de la seguridad (con la pérdida del trabajo y probablemente el fin de su carrera en el gobierno) hacia los trabajadores que cometan una sola infracción grave o varias menores. Dice: “Penalizar faltas claramente identificables, reportar infracciones y violaciones de seguridad, incluyendo la falta de auto-informes.”
¿Qué acciones específicas constituyen una "amenaza" o una "infracción" es arbitraria, ya que las amplias definiciones de "amenaza interna" dan grandes posibilidades a los distintos administradores y jefes de departamento para castigar a la gente como mejor les parezca. La divulgación no autorizada de la información, no sólo la información clasificada, se puede considerar una "amenaza." Casi 5 millones de personas que actualmente tienen acceso a material clasificado y muchos millones más a materiales no clasificados.
El Pentágono estableció su propia y radical definición de lo que es una "amenaza interna", como un empleado con una acreditación de seguridad y que "consciente o inconscientemente", haga daño a los "asuntos de seguridad nacional" a través de "la divulgación no autorizada, la modificación de datos, espionaje, terrorismo o acciones cinéticas que resulten de la pérdida o de la degradación de recursos o capacidades." Un alto funcionario del Pentágono admitió: "Al parecer, nadie tiene un modelo de las cosas que se supone sean amenazas para la información privilegiada." Agregó que en el interior del Pentágono "hay una gran cantidad de jefes con sus propias agendas."
El Pentágono también ha creado una unidad que todos los días revisa que en los informes de noticias no haya fugas de información clasificada de la defensa. Se están llevando a cabo nuevos cursos de formación para capacitar a los empleados y enseñarles a reconocer los "riesgos de seguridad", incluyendo comportamientos "problemáticos" entre sus compañeros de trabajo de "alto riesgo" y, como dijo un funcionario del Pentágono, "Es acerca de los perfiles de las personas, su enfoque de trabajo, la forma en que interactúan con la administración, los sitios de Internet que visitan, etc.”
El Departamento de Educación dijo a los empleados, que los compañeros de trabajo que pasan por "ciertas experiencias de vida... pueden convertir a un usuario de confianza en una amenaza interna". Esas experiencias, el departamento dijo en un manual de capacitación en computación, incluye "el estrés, el divorcio, los problemas financieros" o "frustraciones con los compañeros de trabajo o de su organización."
El Departamento de Agricultura y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, tiene un curso en línea titulado "Traición 101." Dice que está enseñando a los trabajadores a reconocer el perfil psicológico de los espías. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) justificó el seguimiento del correo electrónico de su personal de científicos y médicos, como una manera de detectar fugas de información clasificada.
En virtud de que el gobierno da un margen muy amplio en torno a las definiciones de lo que es la información clasificada y la no clasificada, son también amplias y arbitrarias las facultades para la aplicación de los castigos y exige que los compañeros de trabajo se conviertan en policías y si se niegan a hacerlo, son castigados o despedidos. El “Programa de amenazas internas” no está diseñado para identificar ni para lidiar con amenazas reales a la seguridad. Mas bien, sirve para crear una atmósfera de humillación, de miedo y venganza entre los trabajadores del gobierno, obliga a la gente a actuar unos contra otros, para promover la creación de perfiles y la caza de brujas, al mismo tiempo que bloquea la información que el público requiere en cuestiones tan vitales como son la guerra y la paz, el medio ambiente, el suministro de alimentos y la educación. La información es un derecho público, pero está en la mira del Ejecutivo para que deje de serlo por la realización de sus funciones policíacas sin restricciones, y como un instrumento para imponer una mayor represión y para cometer aún más crímenes tanto en el país como en el extranjero.
Obama ya está llevando a cabo un espionaje masivo de personas en el país y en el extranjero, incluidos los periodistas. Su Departamento de Justicia ha acusado a más del doble de los "alertadores-denunciantes" (whistle blowers) que bajo la Ley de Espionaje de todos los presidentes anteriores juntos. Él está llamando para que el programa de "amenaza interna" sea implementado con más fuerza. En noviembre se aprobaron las "normas mínimas" que otorgan los departamentos y los organismos con un margen considerable en el desarrollo de sus programas. Él les ordenó que no sólo se debieran erradicar las "filtraciones," sino también las personas que podrían ser propensos a cometer "actos violentos en contra del gobierno o de la nación" así como de "espionaje potencial." De esta manera, al igual que los ataques preventivos en contra el "terrorismo", las personas pueden ser objeto de "posibles" amenazas, aún sin amenazas reales o que provengan de la delincuencia existente.
Una prueba más de que el programa está diseñado para controlar a los trabajadores y que el bloque de la oposición es considerado como delictivo contra el gobierno, es el hecho de que Obama puso en marcha el "Programa de amenaza interna" en octubre de 2011, después de que el Ejército de que Bradley Manning filtró videos prohibidos, que muestran los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak. Manning también lanzó miles de otros documentos y videos exponiendo el espionaje de EU así como los ataques que ha cometido en contra de la soberanía y los derechos en todo el mundo. Manning ha sido mantenido en prisión desde hace tres años, casi un año en régimen de aislamiento antes de ser juzgado. Su juicio de corte marcial está en marcha, su cargo principal es: "ayudar al enemigo." Se enfrenta a la pena de cadena perpetua si es declarado culpable. Además, el "Programa de amenaza interna" — está en funcionamiento desde hace dos años y esto no impidió las más recientes "filtraciones" por parte del ex agente de la CIA y la NSA Edward Snowden. Reveló también la enorme colección por parte del gobierno, de datos personales tanto de estadounidenses, como de gente y los gobiernos en el extranjero.
El programa de "amenaza interna" sirve de base para señalar y castigar a los trabajadores federales que simplemente se nieguen a ser informantes y espías. Los trabajadores deben ser criminalizados por resistirse o tan sólo por su comportamiento cuando tengan problemas personales, todo lo que pudiera ser considerado “potencialmente una amenaza.” Una vez que dicho programa sea establecido para todos los trabajadores federales, se podrán imponer después a todos los trabajadores considerados “vitales" para la seguridad nacional, como son los del transporte, alimentación, energía, y muchos más.
Además, el programa convierte al público, esencialmente en un organismo que no puede estar informado, porque hacerlo, sería “ayudar al enemigo”. Incluso, en este sentido tendría que ser eliminada la idea de que la ciudadanía podría opinar algo sobre la gobernabilidad. El poder del ejecutivo es tener poder ilimitado para decidir qué es y qué no es una “amenaza, mientras el público habrá de mantenerse desinformado y los que se oponen a ello serán castigados. Los trabajadores no están para defender los derechos u oponerse a los delitos del gobierno, sino más bien para ser una fuerza humillada y dócil que acepte este tipo de agresiones. Los trabajadores en los EU tienen una larga historia, en la que han mostrado su oposición a las medidas anti-obreras. Los trabajadores federales fueron los primeros en enfrentar y oponerse a la lealtad de los juramentos que impuso el gobierno como parte de las cruzadas anticomunistas después de la Segunda Guerra Mundial, y del gran auge antifascista de los pueblos. Sin duda, también serán rechazados los ataques de Obama ya que la gente se organiza no sólo para defender sus derechos colectivos, sino también para defender el derecho público y llevar adelante sus propias y nuevas instituciones defensoras de lo público.
(Uso de los reportes de McClatchy Washington Bureau)
[TOP]
Luchemos por los derechos
de inmigrantes y trabajadores
El proyecto de ley de inmigración que el Senado aprobó recientemente, es una abierta ofensiva a los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores. Se pone en marcha un sistema federal de verificación de empleo, conocido como E-Verify, obligatorio para todos los patrones. La inmensa mayoría de los patrones deben usar el E-Verify en cuatro años. Las nuevas tarjetas de seguridad social a prueba de manipulación ilegal y de fraude — lo que significa que tienen identificadores biométicos y fotografías — esto será desarrollado dentro de cinco años. Será necesario obtener estas tarjeta para efectos de “seguridad nacional” y para la verificación de antecedentes penales. Los nuevos trabajadores estarán obligados a tener estas tarjetas, y es probable que el gobierno las exija no sólo a todos los trabajadores, sino también a todos los patrones.
Ya se está poniendo en marcha la maquinaria de las E-Verify, lo cual significa que el gobierno federal autorizará el trabajo – decidirá quién trabaja y quién no. El derecho a un puesto de trabajo podrá ser negado, en función de los resultados de la verificación de antecedentes, aunque el gobierno asegure una base de datos de identidad con fotografía y datos biométricos es para todos los trabajadores y lugares de trabajo. Está por encima de todos, los datos que el gobierno está recogiendo a través de su espionaje masivo.
Por otra parte, dada la impunidad del gobierno en el uso de su poder político — como se evidencia en el espionaje y recolección Megadata — ya se puede uno imaginar que habrá un grupo de trabajadores a quienes se les negará la autorización para trabajar. Estos trabajadores podrían ser inmigrantes y ciudades por igual. Estos trabajadores “no autorizados” pueden ser enviados a campos de trabajo que, sin embargo, serán utilizados para cumplir y hacer cumplir estas medidas por la demanda de los monopolios. El negar la autorización para trabajar, también puede ser fácilmente utilizado para control de las organizaciones y de la resistencia. Además, dado que la gran mayoría de los inmigrantes involucrados son de origen mexicano, la maquinaria que se ha echado a andar, también podría extenderse a México. Anexar a México y a Canadá a los Estados Unidos es parte de los esfuerzos que hace EU para controlar a toda América del Norte, en beneficio de los monopolios norteamericanos. Bloquear a la resistencia y controlar a los trabajadores es una parte crítica de su construcción del imperio.
Como parte de esto, el proyecto de ley también pone en marcha un sistema en que habrá de exigir a los trabajadores indocumentados, que igualmente se registren ante el gobierno, con lo cual, podrán o no tener un estatus como Inmigrante Provisional — RPI — (Registro Provisional de Inmigrante). Quienes no lo hagan podrían ser deportados o criminalizados. Aquellos que consigan el estatus de Inmigrante Provisional — RPI — tendrán que esperar por lo menos trece años, y después de muchos gastos, pagos de multas y otros requisitos antes de que tengan alguna posibilidad de residencia permanente. Defensores de los derechos de los inmigrantes, estiman que solamente serán clasificados la mitad de los 11 millones de trabajadores indocumentados y muchos de ellos, con el tiempo perderán su condición de Inmigrantes Provisionales. Esta realidad pone de manifiesto que el proyecto no está diseñado para ayudar a los inmigrantes y a sus familias mediante el restablecimiento de sus derechos, sino es para negarles sus derechos.
El proyecto de ley es también un indicador de la realidad actual, en la que las instituciones públicas están siendo invadidas por intereses privados. El gobierno no tiene una responsabilidad social para defender el interés general de la sociedad, ni los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores. Más bien el estado se utiliza para asegurarse de que los intereses de los más poderosos monopolios y los oligopolios prevalezcan sobre todos los intereses que se interpongan en su camino. Estos mismos monopolios son los que quieren trabajadores reglamentados y humillados, donde todos se vean obligados a someterse a los arbitrarios controles de “seguridad” y de lo contrario, les sean negados los permisos para trabajar. La maquinaria para los campamentos de trabajo, es para trabajar como esclavos y con una vida altamente militarizada, que comienza en la frontera y se extiende a través de todo el país, lo cual ya se puso en marcha y se extiende por todo el país.
El proyecto de ley y todas las medidas deben ser rechazados. Esto es un indicador de que los gobernantes de EU se niegan a gobernar de una manera moderna, tal y como lo requiere una sociedad moderna. También pone en evidencia los grandes problemas sociales que deben ser resueltos, como el problema de la inmigración y que estos gobernantes deben ser removidos y reemplazados por lo que el pueblo decida por sí mismo.
Las opiniones de muchas organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, dejan en claro que las personas son capaces de proporcionar soluciones, porque su punto de partida es la defensa de los derechos de todos.
[TOP]
Algunas de las principales características de la ley de inmigración del senado
El senado aprobó recientemente la seguridad fronteriza, la oportunidad económica, así como la Ley de Modernización de la Inmigración de 2013, y la iniciativa de ley S.744. Fue aprobada en el Senado 68 de 32, con todos los demócratas y votaron a favor 14 republicanos. El proyecto de ley se basa en las propuestas del senador de Nueva York Chuck Schumer, y otros siete senadores (véase VOR de marzo). El proyecto de ley es de más de 1.000 páginas, incluyendo numerosas enmiendas. Los senadores admitieron que no habían leído completo el proyecto de ley antes de la votación. El Senado está debatiendo su propio proyecto de ley de inmigración. La legislación aprobada por la Cámara tendrá que reconciliarse con el proyecto del Senado ya que este proyecto de ley tendrá que ser revisado y aprobado por ambos antes de que Obama pueda ir a su promulgación.
Entre los aspectos más importantes de este proyecto de ley son: los de la militarización de la frontera, el sistema electrónico federal de verificación de empleo conocido como E-Verify que todos los empleadores deben usar, y un largo proceso de 10 a 20 años para proporcionar la documentación, para aproximadamente la mitad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que están actualmente en el país.
También incluye normas especiales para los trabajadores agrícolas, otro programa para traer trabajadores temporales, así como un programa para proporcionar la documentación a los jóvenes que fueron traídos al país cuando eran niños. Voz de la Revolución analizará estos y otros aspectos del proyecto de ley en los próximos números.
El proyecto de ley impone en gran medida, la militarización de la frontera, el gasto de miles de millones para duplicar el número de agentes, la compra de más aviones no tripulados, helicópteros, sistemas de radar y vallas. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene planes futuros para convertir a los aviones no tripulados en armas "no letales." Dada la experiencia con las armas "no letales" en manos de la policía, al igual que las armas Taser y balas de goma, muchos creen que esas armas se utilizan para matar los trabajadores que cruzan la frontera. El proyecto de ley también permite el uso de la Guardia Nacional en la vigilancia fronteriza. La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, también podría no aplicar esas leyes, como las de proteger el agua y el medio ambiente a lo largo de la frontera como parte de la construcción de vallas adicionales y mensajes de la Patrulla Fronteriza.
E-verify Obligatoria para todos los trabajadores
El sistema electrónico de verificación de empleo, o E-Verify, será obligatorio para todos los patrones. Esto significa que sin la autorización federal, un individuo, inmigrantes o ciudadanos por igual, no pueden trabajar. Mientras que el proyecto de ley establece que las disposiciones de E-Verify "no se interpretarán como autorización para la creación de una tarjeta de identificación nacional", sino que también requiere que todas las nuevas tarjetas necesarias para la seguridad social que no sean susceptibles de ser falsificadas ni fraudulentas, que resistan al desgaste y al robo de identidad. Esto significa que tendrán identificadores biométricos junto con las fotografías, todo ello como parte de una base de datos federal. Estas tarjetas de la seguridad social se van a desarrollar dentro de cinco años.
Inicialmente, se va a pedir a todos los trabajadores indocumentados, que deben obtener su fotografía de identificación biométrica, expedida y aprobada por el gobierno federal, incluyendo el control de antecedentes criminales y de "seguridad nacional." Una vez que se desarrollen las nuevas tarjetas de la seguridad nacional, probablemente van a requerir los mismos controles. Incluso si el gobierno no exige directamente las nuevas tarjetas, sin duda las exigirán los patrones.
Además, en el período inmediato, todos los trabajadores ya deberán tener su identificación con una fotografía que coincida con la base de datos federal, lo que significa que los pasaportes o licencias de conducir también tendrán que estar aprobadas por el gobierno federal. Asimismo, la ley exige que: "(1) Las agencias federales y departamentos que participarán en E-Verify tienen 90 días, después de la fecha de promulgación de esta Ley, (2) los contratistas federales participarán conforme a lo previsto en la norma definitiva, (3) los patrones participantes con más de 5.000 empleados, tendrán dos años de plazo después de la publicación de los reglamentos, (4) los patrones participantes con más de 500 empleados, tendrán tres años de plazo después de la publicación de los reglamentos, (5) los trabajadores agrícolas participantes, cuatro años después de la promulgación de la Ley de la Fuerza Laboral, (6) los patrones tribales podrán participar dentro de los cinco años posteriores a la publicación de los reglamentos y de su aplicación, y (7) el resto de los empresarios participarán en un término de cuatro años después de la publicación de la normativa de desarrollo."
De esta manera se establecerá una base de datos federal, con nombres, fotos y el lugar de trabajo y en el futuro es probable que se incluyan los identificadores biométricos, así como la información relativa a la "seguridad nacional" como la verificación de los antecedentes penales. Evidentemente estos controles también pueden ser utilizados para negar a los trabajadores autorización para que puedan trabajar. Esto es especialmente cierto para los trabajadores jóvenes e inmigrantes, así como para los que organizan la resistencia.
Los requisitos de identificación no sirven para defender los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores, sino más bien, tiene un objetivo que va más allá de un destacamento de trabajadores. Estos mecanismos son fundamentalmente, también para crear potencialmente un fondo de trabajadores esclavos. Aquellos a quienes el gobierno se niega a darles autorización de trabajo, fácilmente podrían ser obligados a ir a los campos de trabajo y ser usados cuando y donde lo demanden los monopolios. Este mecanismo también podría eventualmente extenderse para incluir a los trabajadores mexicanos y canadienses.
El "Camino a la Ciudadanía" bloqueado para la mayoría
El Senador Schumer y otros que impulsan el proyecto de ley, han dicho que una de sus principales preocupaciones fue el proporcionar un “camino a la ciudadanía”. Sin embargo, este proyecto de ley hace que mientras se pide a los trabajadores indocumentados y a sus familias que se registren con el gobierno, en los hechos es muy difícil y arduo que cualquier persona pueda convertirse en un residente permanente de manera legal, y mucho menos en un ciudadano. La ley requiere que los trabajadores indocumentados y sus familias se registren con el gobierno y que paguen importantes cuotas por persona, además de las multas que deben cubrir para recibir lo que se llama estado de “Registro Provisional de Inmigrantes” (RPI). Se estima que para muchos, las cuotas y las multas podrían sumar más que el valor de la suma de los ingresos brutos anuales individuales de los trabajadores. Las copias de los impuestos que el gobierno considere, también deben ser pagados.
El estado de RPI tiene vigencia de seis años y permite que la persona pueda trabajar y viajar. Se puede renovar por otros seis años, pero se debe pagar otra cuota grande. También se requiere que las personas continúen trabajando ya que si por un período de más de 60 días dejan de utilizar el permiso por motivos de desempleo, puede ser eliminada su estado de RPI y ser deportado.
Las tarifas continuarán aplicándose a muchos trabajadores. Pero dadas las condiciones económicas generales y el hecho de que muchos trabajadores son jornaleros de temporada y trabajadores de la construcción, la situación de desempleo de 60 días hará difícil que los trabajadores puedan conservar su situación y podrían verse obligados a perder su estatus.
Además, el proyecto tiene una serie de “disparadores” que deben cumplirse en los próximos diez años, antes de que cualquiera de los que ya poseen el estado de RPI, pudieran incluso solicitar la residencia legal permanente, lo cual es necesario antes de que un inmigrante pueda solicitar la ciudadanía. Estos incluyen:
(1)Aproximadamente duplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, estacionados a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, aumentar a por lo menos a 38,405.
(2) Completar 700 millas de muro a lo largo de la frontera, lo que requeriría aproximadamente 350 nuevos millas de valla.
(3) La instalación de nuevas medidas y de una serie tecnologías de seguridad en lugares específicos a lo largo de la frontera, incluye un número específico de torres de vigilancia, sistema de cámaras, sensores terrestres, detectores de radiación, sistemas móviles de vigilancia, aviones teledirigidos, helicópteros, sistemas de radar aerotransportado, aviones y barcos .
(4) La aplicación del sistema de E-Verify
(5) La creación de un nuevo sistema electrónico, a fin de rastrear a las personas que salen de los aeropuertos y puertos marítimos de la nación.
La Patrulla Fronteriza debe demostrar que es un 90 por ciento eficaz en la detención de personas no autorizadas que cruzan por todo lo largo de la frontera sur, antes de que alguien con estado RPI pueda solicitar la residencia permanente. Además, todas las personas que dentro del país ya han solicitado la residencia permanente, deben tener tramitada su solicitud y tener ya la categoría RPI que esté en posibilidad de que se le otorgue la condición de residente permanente. Ya existe un retraso de 10 a 20 años en esto. De esta forma, incluso los que no cumplan con todos los requisitos, es probable es que tengan que esperar por lo menos ese tiempo antes de que pudieran lograr la residencia permanente.
El proyecto de ley tiene la posibilidad de que aumente el número de deportaciones, ya que al registrar a todas las personas, se identificarán como indocumentados los que no reúnan los requisitos, serán sujetos a deportación. Así que se bloqueará a quienes tengan estatus RPI para recibir beneficios como la asistencia social y la salud.
Todos estos requisitos dejan claro que el objetivo del proyecto no es proporcionar a los trabajadores y a los inmigrantes sus derechos. No es para ayudar a resolver los muchos problemas vinculados a la inmigración, como la separación de las familias, el derecho a la educación en su propia lengua, el derecho a la asistencia sanitaria, la organización, etc. Lo que sí hace, es en gran medida militarizar la frontera y promover el mecanismo de E-verify para institucionalizar una abierta agresión en contra de los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores.
[TOP]