Caso de independentistas boricuas será público
El Diario, New York, July 29, 2008
Será en una audiencia pública, y no a puerta cerrada como pedía el gobierno, la vista del caso de los independentistas puertorriqueños, Tania Frontera y Christopher Torres, en la que se decidirá si procede la citación a declarar que les ha hecho un Gran Jurado, según decidió ayer la jueza Carol B. Amon de la Corte Federal de Brooklyn.
Las declaraciones ante el Gran Jurado, que está investigando posibles nexos en la ciudad con el violento grupo independentista boricua Los Macheteros, son a puerta cerrada.
Los citados al mismo no pueden comparecer con sus abogados, estando además privados del derecho a permanecer callados, bajo pena de cárcel.
La jueza Amon dio 10 días de plazo al fiscal James McGovern para que presente una declaración jurada reconociendo o negando si se ha realizado vigilancia electrónica de los activistas. McGovern presentó una declaración negando que se les hubiera vigilado electrónicamente, en cumplimiento del requerimiento de la audiencia anterior, pero esta declaración no estaba avalada por ninguna de las agencias que como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) están encargadas de la vigilancia electrónica.
Ambas decisiones son una pequeña victoria para los activistas y sus abogados defensores. Martin R. Stolar, abogado de Frontera, dijo a El Diario/La Prensa: “Estoy contento de que la jueza pida la declaración jurada y que el proceso continúe en corte abierta”.
Los documentos del caso permanecen secretos. Sin embargo el argumento de la defensa (Stolar por Frontera y Susan V. Tipograph por Torres) de que gran parte de los mismos son públicamente conocidos, la jueza Amon dejó la opción para que el gobierno, representado por el fiscal James McGovern, quien no se opuso, y la defensa se reúnan y de mutuo acuerdo establezcan qué documentos serán declarados públicos.
La jueza denegó la moción para intervenir en el caso de dos grupos: el Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico y el Boricuan Human Rights Network con sede en Chicago. Los abogados Jeffrey A. Rothman y Alan Levine defendieron su moción citando la primera enmienda y los más de 30 años que ésta se ha violado en Puerto Rico. Amón no halló antecedentes en casos similares y aunque denegó la moción dejó abierta la posibilidad de que ambos grupos puedan intervenir si durante el proceso del Gran Jurado surgen temas adicionales.
Será en una audiencia pública, y no a puerta cerrada como pedía el gobierno, la vista del caso de los independentistas puertorriqueños, Tania Frontera y Christopher Torres, en la que se decidirá si procede la citación a declarar que les ha hecho un Gran Jurado, según decidió ayer la jueza Carol B. Amon de la Corte Federal de Brooklyn.
Las declaraciones ante el Gran Jurado, que está investigando posibles nexos en la ciudad con el violento grupo independentista boricua Los Macheteros, son a puerta cerrada.
Los citados al mismo no pueden comparecer con sus abogados, estando además privados del derecho a permanecer callados, bajo pena de cárcel.
La jueza Amon dio 10 días de plazo al fiscal James McGovern para que presente una declaración jurada reconociendo o negando si se ha realizado vigilancia electrónica de los activistas. McGovern presentó una declaración negando que se les hubiera vigilado electrónicamente, en cumplimiento del requerimiento de la audiencia anterior, pero esta declaración no estaba avalada por ninguna de las agencias que como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) están encargadas de la vigilancia electrónica.
Ambas decisiones son una pequeña victoria para los activistas y sus abogados defensores. Martin R. Stolar, abogado de Frontera, dijo a El Diario/La Prensa: “Estoy contento de que la jueza pida la declaración jurada y que el proceso continúe en corte abierta”.
Los documentos del caso permanecen secretos. Sin embargo el argumento de la defensa (Stolar por Frontera y Susan V. Tipograph por Torres) de que gran parte de los mismos son públicamente conocidos, la jueza Amon dejó la opción para que el gobierno, representado por el fiscal James McGovern, quien no se opuso, y la defensa se reúnan y de mutuo acuerdo establezcan qué documentos serán declarados públicos.
La jueza denegó la moción para intervenir en el caso de dos grupos: el Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico y el Boricuan Human Rights Network con sede en Chicago. Los abogados Jeffrey A. Rothman y Alan Levine defendieron su moción citando la primera enmienda y los más de 30 años que ésta se ha violado en Puerto Rico. Amón no halló antecedentes en casos similares y aunque denegó la moción dejó abierta la posibilidad de que ambos grupos puedan intervenir si durante el proceso del Gran Jurado surgen temas adicionales.
