Ejercicios en vivo y medidas de un estado policíaco
En la redada de la Migra (ICE) en la planta empacadora de carne en Postville, Iowa, 390 trabajadores fueron arrestados 314 hombres y 76 mujeres. Hubo 290 guatemaltecos, 93 mexicanos, 4 ucranianos y tres israelíes que no fueron llevados a la Corte. Sólo 5 de los 390 arrestados originalmente tenían un record criminal previo. De todos 306 fueron procesados. Muchos de los trabajadores habían vivido en Postville y trabajado en la planta por muchos años.
El cargo que uso el gobierno fue “robo de identidad con agravantes” lo que es completamente infundado. El crimen implica que la persona acusada, “Use de manera conciente la identificación de otra persona con el fin de cometer una actividad ilegal o una felonía”. Los trabajadores involucrados habían recibido su número de seguro por los dueños de la planta - quienes no han sido ni acusados ni arrestados.
Tanto la redada como el proceso de la Corte fueron una muestra de que el gobierno federal está imponiendo ejercicios en vivo de medidas fascistas de un estado policíaco. Esas medidas incluyen “juicios al vapor” con los detenidos siendo “procesados en masa” de 10 en días, con declaraciones de culpabilidad arrancadas coercitivamente. Se ha permitido una representación muy limitada de la defensa, con abogados inexpertos que desconocen la ley, en éste caso la ley de inmigración. Los abogados tienen en promedio 17 clientes dispersos en cárceles diversas por todo el estado, con acceso limitado a ellos y solo siete días para aceptar o rechazar la declaración de culpabilidad. La declaración de culpabilidad que se aplicó a los cargos falsos de robo de identidad, se impuso en todos los trabajadores, independientemente de sus circunstancias particulares.
Los jueces involucrados fueron forzados a jugar un rol de validación de las acciones ilegales del gobierno y han sentenciado a personas que no son culpables de crimen alguno, pero que han sido sujetos de acusaciones masivas y encarcelamiento. Esto se realizó con el uso de negociaciones de culpabilidad un método que implica que el juez acepte la declaración de culpabilidad. En el caso de Postville, de 297 que recibieron cargos, 270 fueron a parar a la cárcel.
La redada del gobierno en si misma se hizo sobre bases fraudulentas. La solicitud de allanamiento de la Migra (ICE) dice que la información de seguridad social que recibió la Migra (ICE) “no checaba” en la información de 737 empleados, incluyendo 147 usando números confirmados por la Administración de la Seguridad Social como inválidos (nunca extendidos a una persona y 590 usando números validos de seguridad social pero que “no checaban con el nombre del empleado reportado por Agriprocessors...”
Es común que los empleadores otorguen documentos de identidad a los trabajadores, usando información falsa, como es en este caso. La búsqueda de ICE mostró que 983 trabajadores tenían números que no checaban. Pero de acuerdo a la búsqueda de la Migra de robo de tarjeta de identidad reveló que sino una persona con un numero de seguridad social usado por un empleado de Agriprocessors había reportado que su tarjeta de identidad había sido robada. De 938, solo un número (0.1 porciento) coincidió con un numero que había sido reportado robado. El cargo de robo de identidad es claramente injustificado y la redada se realizó no para proteger a nadie sino para aterrorizar a la comunidad y para imponer las medidas gubernamentales de un Estado policíaco en abogados, policía local, oficiales y jueces.
La Migra (ICE) se creó como “el brazo de investigación más grande del Departamento de Seguridad Nacional” con “amplios poderes legales y autoridades para aplicar mas de 400 estatutos federales.” Adicionalmente de acuerdo a la Migra (ICE) “Su equipo de abogados es el más grande en todo el Departamento de Seguridad Nacional para apoyar su labor en las cortes administrativas y legales. Los abogados de la Migra también “son asignados temporalmente al Departamento de Justicia como Asistentes Especiales a la Procuraduría de EUA para la persecución criminal de individuos.” Traduciendo: Bajo el disfraz de cooperación entre las agencias, los fiscales de la Migra han infiltrado la rama judicial. Ellos están entre los arquitectos que han diseñado el esquema de “juicios al vapor” aplicado en Postville, con sus cargos hechizos y sus declaraciones forzadas de culpabilidad, y abogados y jueces forzados para aceptar que todos fueron encadenados y les hayan puesto grilletes y fueron en masa procesados y condenados a la cárcel. Los abogados del gobierno, los interpretes, todos sabían que los trabajadores no eran culpables, pero se les forzó a someterse.
En 2007, la Migra creció en 10 por ciento, contratando 1,600 empleados, incluyendo más de 450 nuevos oficiales para la deportación, 700 agentes de inmigración y 180 nuevos procuradores. Por lo menos el 85 porciento de las nuevas contrataciones directamente asignados a la aplicación de la ley de migración. La agencia distrajo recursos asignados a desastres para la criminalización de inmigrantes. Los 23 traileres usados en Postville para la operación “al vapor” fueron parte del Proyecto Piloto para las Operaciones de Respuesta de Emergencia. El proyecto incluye la implementación de “traileres equipados con suministros, destinados a nivel nacional para los casos de situaciones de emergencia”.
Dado el ejemplo de Postville, el plan del gobierno demanda que se compruebe la ciudadanía en los casos de evacuaciones durante huracanes, es claro que el gobierno esta colocando fuerzas policíacas y equipos destinados a emergencias para la detención en masa de personas que no son culpables de crimen alguno. También el uso de la terminología “Continuidad de Operaciones”, para la Migra y las Cortes es parte de los planes de la Oficina del Presidente para suspender operaciones gubernamentales y sustituirlas por medidas de “Continuidad del Gobierno”, en las que el presidente es el único que decida y el Congreso y las Cortes juegan un rol consultor y quizás ni ese rol.
Las redadas brutales de la Migra y los encarcelamientos para aterrorizar a los trabajadores, sus familias y sus comunidades. Están usando ejercicios en vivo para todas las agencias policíacas involucradas, con sheriffs locales y fuerzas policíacas locales que se someten a las fuerzas federales como la Migra.
Es grave que estén usando todos los elementos del poder judicial - jueces, abogados, traductores de la corte y empleados- para aceptar estas medidas de “aplanadora” y darle un viso de “legalidad”. El ejecutivo implementa las redadas, impone cargos falsos y negociaciones de declaraciones de culpabilidad, cadenas y grilletes para cientos de hombres y mujeres y eso requiere el apoyo legal de jueces y abogados para implementarlo.
Los trabajadores indocumentados son el foco de esos crímenes del gobierno actualmente. Pero todos enfrentamos esa amenaza. Esto se puede ver en el hecho de que el gobierno esta poniendo requisitos para todos los trabajadores como es la implementación de identificaciones biométricas que ya se están exigiendo para todos los solicitantes de Medicaid y Medicare que tienen que tener tales identificaciones para recibir sus beneficios. Es claro que quien no tenga esas identificaciones puede enfrentar el cargo de fraude en su identificación y usar éstos falsos pretextos para enfrentar cargos y esto puede ser usado contra cualquiera.
El cargo que uso el gobierno fue “robo de identidad con agravantes” lo que es completamente infundado. El crimen implica que la persona acusada, “Use de manera conciente la identificación de otra persona con el fin de cometer una actividad ilegal o una felonía”. Los trabajadores involucrados habían recibido su número de seguro por los dueños de la planta - quienes no han sido ni acusados ni arrestados.
Tanto la redada como el proceso de la Corte fueron una muestra de que el gobierno federal está imponiendo ejercicios en vivo de medidas fascistas de un estado policíaco. Esas medidas incluyen “juicios al vapor” con los detenidos siendo “procesados en masa” de 10 en días, con declaraciones de culpabilidad arrancadas coercitivamente. Se ha permitido una representación muy limitada de la defensa, con abogados inexpertos que desconocen la ley, en éste caso la ley de inmigración. Los abogados tienen en promedio 17 clientes dispersos en cárceles diversas por todo el estado, con acceso limitado a ellos y solo siete días para aceptar o rechazar la declaración de culpabilidad. La declaración de culpabilidad que se aplicó a los cargos falsos de robo de identidad, se impuso en todos los trabajadores, independientemente de sus circunstancias particulares.
Los jueces involucrados fueron forzados a jugar un rol de validación de las acciones ilegales del gobierno y han sentenciado a personas que no son culpables de crimen alguno, pero que han sido sujetos de acusaciones masivas y encarcelamiento. Esto se realizó con el uso de negociaciones de culpabilidad un método que implica que el juez acepte la declaración de culpabilidad. En el caso de Postville, de 297 que recibieron cargos, 270 fueron a parar a la cárcel.
La redada del gobierno en si misma se hizo sobre bases fraudulentas. La solicitud de allanamiento de la Migra (ICE) dice que la información de seguridad social que recibió la Migra (ICE) “no checaba” en la información de 737 empleados, incluyendo 147 usando números confirmados por la Administración de la Seguridad Social como inválidos (nunca extendidos a una persona y 590 usando números validos de seguridad social pero que “no checaban con el nombre del empleado reportado por Agriprocessors...”
Es común que los empleadores otorguen documentos de identidad a los trabajadores, usando información falsa, como es en este caso. La búsqueda de ICE mostró que 983 trabajadores tenían números que no checaban. Pero de acuerdo a la búsqueda de la Migra de robo de tarjeta de identidad reveló que sino una persona con un numero de seguridad social usado por un empleado de Agriprocessors había reportado que su tarjeta de identidad había sido robada. De 938, solo un número (0.1 porciento) coincidió con un numero que había sido reportado robado. El cargo de robo de identidad es claramente injustificado y la redada se realizó no para proteger a nadie sino para aterrorizar a la comunidad y para imponer las medidas gubernamentales de un Estado policíaco en abogados, policía local, oficiales y jueces.
La Migra (ICE) se creó como “el brazo de investigación más grande del Departamento de Seguridad Nacional” con “amplios poderes legales y autoridades para aplicar mas de 400 estatutos federales.” Adicionalmente de acuerdo a la Migra (ICE) “Su equipo de abogados es el más grande en todo el Departamento de Seguridad Nacional para apoyar su labor en las cortes administrativas y legales. Los abogados de la Migra también “son asignados temporalmente al Departamento de Justicia como Asistentes Especiales a la Procuraduría de EUA para la persecución criminal de individuos.” Traduciendo: Bajo el disfraz de cooperación entre las agencias, los fiscales de la Migra han infiltrado la rama judicial. Ellos están entre los arquitectos que han diseñado el esquema de “juicios al vapor” aplicado en Postville, con sus cargos hechizos y sus declaraciones forzadas de culpabilidad, y abogados y jueces forzados para aceptar que todos fueron encadenados y les hayan puesto grilletes y fueron en masa procesados y condenados a la cárcel. Los abogados del gobierno, los interpretes, todos sabían que los trabajadores no eran culpables, pero se les forzó a someterse.
En 2007, la Migra creció en 10 por ciento, contratando 1,600 empleados, incluyendo más de 450 nuevos oficiales para la deportación, 700 agentes de inmigración y 180 nuevos procuradores. Por lo menos el 85 porciento de las nuevas contrataciones directamente asignados a la aplicación de la ley de migración. La agencia distrajo recursos asignados a desastres para la criminalización de inmigrantes. Los 23 traileres usados en Postville para la operación “al vapor” fueron parte del Proyecto Piloto para las Operaciones de Respuesta de Emergencia. El proyecto incluye la implementación de “traileres equipados con suministros, destinados a nivel nacional para los casos de situaciones de emergencia”.
Dado el ejemplo de Postville, el plan del gobierno demanda que se compruebe la ciudadanía en los casos de evacuaciones durante huracanes, es claro que el gobierno esta colocando fuerzas policíacas y equipos destinados a emergencias para la detención en masa de personas que no son culpables de crimen alguno. También el uso de la terminología “Continuidad de Operaciones”, para la Migra y las Cortes es parte de los planes de la Oficina del Presidente para suspender operaciones gubernamentales y sustituirlas por medidas de “Continuidad del Gobierno”, en las que el presidente es el único que decida y el Congreso y las Cortes juegan un rol consultor y quizás ni ese rol.
Las redadas brutales de la Migra y los encarcelamientos para aterrorizar a los trabajadores, sus familias y sus comunidades. Están usando ejercicios en vivo para todas las agencias policíacas involucradas, con sheriffs locales y fuerzas policíacas locales que se someten a las fuerzas federales como la Migra.
Es grave que estén usando todos los elementos del poder judicial - jueces, abogados, traductores de la corte y empleados- para aceptar estas medidas de “aplanadora” y darle un viso de “legalidad”. El ejecutivo implementa las redadas, impone cargos falsos y negociaciones de declaraciones de culpabilidad, cadenas y grilletes para cientos de hombres y mujeres y eso requiere el apoyo legal de jueces y abogados para implementarlo.
Los trabajadores indocumentados son el foco de esos crímenes del gobierno actualmente. Pero todos enfrentamos esa amenaza. Esto se puede ver en el hecho de que el gobierno esta poniendo requisitos para todos los trabajadores como es la implementación de identificaciones biométricas que ya se están exigiendo para todos los solicitantes de Medicaid y Medicare que tienen que tener tales identificaciones para recibir sus beneficios. Es claro que quien no tenga esas identificaciones puede enfrentar el cargo de fraude en su identificación y usar éstos falsos pretextos para enfrentar cargos y esto puede ser usado contra cualquiera.
